Si algo demuestra la llamada Marcha Republicana convocada por Podemos, Sumar y otras organizaciones de la falsa izquierda oficial es la profunda confusión política que reina en España desde la Transición. Se pretende presentar como republicanismo lo que no es más que una variante decorativa del mismo régimen de partidos que ha monopolizado el Estado durante décadas.
El problema de estos convocantes no es que sean republicanos. El problema es, precisamente, que no lo son. El republicanismo no consiste en agitar banderas tricolores, entonar himnos de otro tiempo ni invocar sentimentalmente una experiencia histórica fracasada. El republicanismo exige libertad política colectiva, representación auténtica de los ciudadanos y separación efectiva de poderes. Nada de eso figura en el ideario de quienes convocan estas marchas. La república debe defenderse por lo que es: la garantía institucional de la democracia. No por lo que no es: como una mera negación de la monarquía.
Los dirigentes que hoy se proclaman republicanos han participado, sostenido o legitimado las mismas estructuras de poder que dicen combatir. Han ocupado escaños, carteras ministeriales de la monarquía, administrado presupuestos, negociado cuotas institucionales y aceptado las reglas de una partitocracia que convierte a los ciudadanos en simples espectadores de la lucha entre oligarquías partidistas. Su discrepancia con la monarquía no afecta al fundamento del sistema, sino únicamente a su forma externa.
Por eso cabe afirmar que muchos de estos supuestos republicanos son, en realidad, monárquicos funcionales. No porque profesen afecto personal al rey, sino porque aceptan intacto el mecanismo de dominación política nacido de la Transición. Cambiar la jefatura del Estado para conservar el mismo régimen de partidos no es conciencia republicana; es una reforma cosmética.
La nostalgia permanente por la Segunda República constituye otro de los grandes errores intelectuales de este movimiento. La historia no se repite mediante ceremonias sentimentales. La Segunda República pertenece al pasado y terminó en una catástrofe nacional. Convertirla en mito fundacional impide analizar con rigor las causas de su fracaso y condena a sus admiradores a vivir mirando hacia atrás en lugar de construir una alternativa para el presente.
Pero donde la inconsistencia intelectual de estos autodenominados republicanos alcanza su máxima expresión es en la exigencia de un referéndum entre monarquía y república dentro del propio marco constitucional vigente. ¿Qué sentido tiene preguntar al pueblo por la forma del Estado cuando el pueblo carece previamente de libertad constituyente? ¿Cómo puede decidirse legítimamente entre monarquía y república sin que antes exista un periodo de libertad en el que los ciudadanos puedan deliberar y elegir entre distintas formas de gobierno y de Estado?
La cuestión decisiva es quién tiene el poder de establecer las reglas del juego político. Un referéndum organizado por las instituciones del régimen para decidir únicamente sobre la jefatura del Estado deja intacto el verdadero problema: la ausencia de poder constituyente de los ciudadanos.
La libertad política colectiva no nace de una consulta sobre una institución. La libertad política nace cuando la nación recupera su libertad constituyente y puede decidir libremente la arquitectura de su organización estatal. Sólo entonces tendría sentido debatir si la jefatura del Estado debe ser monárquica o republicana, si el sistema debe ser presidencialista o parlamentario, si la representación debe basarse en distritos uninominales o en listas de partido, y qué mecanismos garantizarán la independencia efectiva de los poderes públicos.
Pretender resolver todas esas cuestiones mediante una simple papeleta con dos opciones prefabricadas es una reducción grotesca de la política. Es pedir a los ciudadanos que elijan el tejado cuando ni siquiera se les permite diseñar los cimientos de la casa.
Por eso la reivindicación del referéndum se ha convertido en la gran coartada de los falsos republicanos. Les permite aparentar radicalidad sin cuestionar el régimen de partidos. Les permite movilizar emociones históricas sin afrontar el problema de la libertad constituyente. Les permite hablar de república evitando hablar de democracia.
Los ciudadanos que acuden de buena fe a estas manifestaciones merecen respeto. Pero los organizadores deberían explicar por qué llaman republicanismo a lo que no pasa de ser una reivindicación simbólica compatible con la continuidad de la oligarquía de partidos. Deberían explicar por qué nunca plantean mecanismos de representación que devuelvan el poder a los electores. Deberían explicar por qué la crítica al régimen termina siempre absorbida por las mismas estructuras que dicen combatir.
Mientras la discusión se limite a sustituir una corona por una presidencia sometida a los mismos aparatos partidistas, España seguirá atrapada en el mismo círculo vicioso. Habrá nuevas banderas, nuevos discursos y nuevas consignas, pero el ciudadano continuará siendo políticamente impotente.
Por eso, esta Marcha Republicana no representa al ideal republicano. Representa, más bien, su caricatura. Una movilización que invoca la palabra «república» mientras evita enfrentarse al auténtico problema: la ausencia de libertad política en un sistema dominado por organizaciones que hablan en nombre del pueblo y viven de monopolizar las instituciones del Estado.
El republicanismo auténtico no comienza con un referéndum sobre la Corona. Comienza con la conquista de la libertad constituyente. Todo lo demás es propaganda de partido disfrazada de causa histórica.
