La noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibida por muchos con un entusiasmo casi infantil. De inmediato, los voceros del régimen y sus ingenuos creyentes han salido a proclamar que, si un expresidente del gobierno puede ser imputado, entonces en España existe independencia judicial. Tal razonamiento no sólo es falso: constituye una prueba más del efecto anestesiante de la monarquía de los partidos.
La independencia judicial no se demuestra con autos espectaculares, ni por el sacrificio ritual de alguna figura política cuando las circunstancias lo aconsejan. La independencia judicial se mide allí donde el poder político pierde el control sobre el tiempo, la oportunidad y las consecuencias de las decisiones judiciales. Y precisamente eso es lo que aquí no sucede.
Resulta revelador que el auto de imputación haya esperado cuidadosamente a la finalización del proceso electoral autonómico andaluz. ¿Qué independencia es esa que adapta el calendario judicial a las necesidades electorales de los partidos? ¿Qué juez verdaderamente independiente subordina la eficacia de su resolución al cálculo político de no perjudicar a un partido en campaña? Cuando la Justicia espera a las urnas, ya no es justicia: es administración táctica del poder.
La sincronización temporal del auto constituye por sí sola una confesión del carácter político del aparato judicial español. No hay independencia judicial cuando los jueces internalizan espontáneamente las conveniencias de los partidos dominantes. La mera existencia de una imputación no destruye esa realidad; al contrario, puede servir perfectamente a ella.
Pero hay un elemento todavía más grave y apenas señalado: el posible efecto de blindaje internacional que dicha imputación produce respecto de una eventual extradición a los Estados Unidos.
Conforme a la Ley de Extradición Pasiva española y al tratado bilateral con Estados Unidos, la existencia de un procedimiento penal abierto en España por los mismos hechos —o incluso por hechos conexos— puede constituir fundamento suficiente para denegar la entrega. Y aquí aparece el núcleo político del asunto: quien finalmente tendría capacidad decisoria sobre la extradición sería el propio Gobierno español.
Es decir, el mismo Estado de partidos, que aparenta perseguir judicialmente a uno de sus hombres más relevantes, podría estar construyendo simultáneamente el mecanismo jurídico para impedir que responda ante una jurisdicción extranjera potencialmente más peligrosa e incontrolable. La operación es perfecta: se fabrica apariencia de independencia interior mientras se garantiza protección exterior.
Nada de esto debería sorprender. El sistema nacido de la Transición jamás estableció la separación de poderes ni la independencia judicial, sino el reparto entre partidos encastrados en el Estado. La Justicia española es una función estatal administrada por redes de lealtad política, corporativa y mediática. Los jueces ascienden mediante órganos colonizados por los partidos; los fiscales obedecen jerárquicamente al Gobierno; y los grandes procesos políticos aparecen y desaparecen según las necesidades de estabilización de la monarquía. Por eso, los españoles confunden continuamente teatralidad judicial con independencia judicial. Oyen ruido mediático y creen ver libertad. Ven imputaciones y perciben control del poder. Pero el verdadero termómetro no está en el auto, sino en quién decide el momento, el alcance y las consecuencias de ese auto. Y, en España, esas decisiones siguen perteneciendo, directa o indirectamente, al poder político.
Bueno bueno independencia judicial la misma independencia de un joven en su habitación que vive en casa de sus padres.
Gracias MCRC por el articulo