La hipocresía no es un vicio menor en política: es su sustancia cuando la moral se convierte en instrumento y no en principio. España ofrece hoy un ejemplo acabado de esa impostura, al alzar la voz sobre Oriente Medio mientras mantiene un silencio cómplice, cuando no una activa deserción, respecto de su propia responsabilidad histórica en el Sáhara Occidental.
Quien desconozca la raíz de la legitimidad política no entenderá este doble rasero. No se trata de elegir entre causas justas, sino de medir la coherencia de un Estado que pretende erigirse en juez moral de conflictos ajenos mientras rehúye el juicio sobre sus propios actos. España no es un observador neutral en el Sáhara: es potencia administradora de iure, que abandonó su deber mediante una retirada vergonzante en 1975, consumada bajo la cobertura fraudulenta de los llamados Acuerdos de Madrid. Aquello no fue una cesión legítima, sino una claudicación.
Pero toda claudicación tiene autores. La traición al pueblo saharaui no fue un accidente de la Historia, sino una decisión política consciente del franquismo ejecutada bajo la tutela de Juan Carlos I y los últimos gestores del régimen. Mientras el dictador agonizaba, el aparato del Estado, lejos de preservar la legalidad internacional y proteger a una población bajo su responsabilidad, optó por sacrificarla en el altar de la estabilidad interna y el reconocimiento exterior. La célebre visita de Juan Carlos a El Aaiún, revestida de retórica paternalista, no fue más que el preludio de la deserción: palabras de compromiso que ocultaban una decisión ya tomada de abandono.
El tardofranquismo mostró su verdadera naturaleza: la de un poder sin principios, dispuesto a negociar territorios y pueblos como piezas intercambiables. La Marcha Verde no fue una sorpresa insuperable, sino el contexto aprovechado para justificar una retirada que ya se consideraba conveniente. España no fue vencida: se retiró voluntariamente, dejando tras de sí un vacío que otros ocuparían con métodos que hoy se denuncian en otros escenarios internacionales.
Desde entonces, la clase política española —heredera en gran medida de aquella transición sin ruptura— ha cultivado una política de hechos consumados: mirar hacia otro lado, delegar en terceros y, sobre todo, evitar que el pueblo español tome conciencia de que la cuestión saharaui no es un problema extranjero, sino una deuda propia. La legalidad internacional, tantas veces invocada en otros escenarios, se vuelve aquí incómoda, porque obliga a reconocer que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sigue pendiente y que España no puede exonerarse de su papel.
Frente a ello, el discurso sobre Palestina o Irán se presenta como un ejercicio de virtud pública. Declaraciones solemnes, condenas selectivas, apelaciones al derecho internacional… todo ello sin coste interno alguno. Es la política de la emoción televisada: se elige un conflicto lejano, se adopta una postura moralmente aceptable y se obtiene rédito simbólico sin asumir responsabilidad efectiva. En Palestina y Persia, España opina; en el Sáhara, España no cumple.
La coherencia exige que quien invoca el derecho internacional lo haga de manera universal, no selectiva; que quien denuncia la ocupación ilegítima no tolere otra por conveniencia geopolítica; que quien reclama justicia para unos no la niegue a otros por cálculo diplomático.
El problema, en último término, no es de política exterior, sino de naturaleza del poder político. Un Estado que no se fundamenta en la libertad política de sus ciudadanos, sino en la continuidad de sus aparatos, carece de un criterio moral propio. Actúa por inercia, por interés o por presión, pero no por principio. De ahí que pueda sostener simultáneamente discursos incompatibles sin experimentar contradicción. Mientras España no afronte su papel en el Sáhara con la misma contundencia con que juzga otros conflictos, toda su retórica internacional seguirá siendo lo que hoy es: una forma refinada de hipocresía.
Extraordinaria descripción de un abandono miserable.