ADRIAN PERALES.
Los funcionarios se manifestaron con mayor virulencia cuando el Estado les suprimió la paga de Navidad. Fue ese recorte el que más ha indignado a los empleados públicos. Su reivindicación es sólo económica. Reclaman que su dependencia estatal sea dignificada con retribuciones salariales acordes a su cargo. Les ha sido indiferente, salvo honrosísimas y contadas excepciones, la forma de gobierno bajo la cuál estas retribuciones han sido establecidas. Les ha sido irrelevante que una clase política corrompida e irresponsable haya regido sus designios. No han alzado la voz cuando el empleo público se infestaba de personas de los partidos, cuando los principios de mérito y capacidad se sustituían de facto por oportunismo, cuando los medios públicos se utilizaban para fines privados o cuando negocios privados servían para comprar plazas públicas. En la Universidad, como alumno, fui testigo de ese silencio. Han callado ante la injusticia que cundía en rededor y se sorprenden de que ésta les alcance a ellos. Su reivindicación implica la renuncia a seguir con sus protestas a cambio de unas Navidades con menos estrecheces. La justicia que tienen derecho a reclamar no puede ser objeto de transacción. El amor a una función pública digna está por encima de la posición económica que les procure. Hago mía su reivindicación material si denuncian primero el mal que la ha originado: al empleo público han accedido personas por medios ilegítimos.
El 15-M se manifestó este sábado 27 de Octubre bajo la consigna de que sea la clase política quién pague la deuda del Estado. No les falta razón al denunciar que son los partidos estatales los principales culpables de la crisis de deuda; pero se equivocan cuando piden a los mismos que propician la quiebra del Estado que sean sus salvadores. ¿Cómo van a decidir los políticos motu proprio pagar de sus bolsillos la deuda estatal si en este régimen las listas de partido impiden el control de su poder? ¿Cómo van a aliviar nuestro peso quienes durante tantos años lo han aumentado en beneficio suyo y en perjuicio nuestro? Lo que odian los gobernados que quieren ser libres no son las consecuencias de la dependencia sino la dependencia misma. La crisis de la deuda es debida a la irresponsabilidad de la que se benefician los partidos estatales. Es este privilegio el que debería indignar a los indignados. La dependencia es odiosa por sí sola, no es necesario que aparezca su indefectible consecuencia. ¿O es que acaso aceptaríamos que un corrupto gobernase España si a cambio pagase la deuda estatal? ¿Cómo se iba a llamar democracia a un régimen que ofreciese sus cargos públicos a cambio de dinero? La democracia no puede ser objeto de transacción sino de votación. “Quien busca en la libertad política otra cosa que ella misma está hecho para servir” (A. Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, Cap. III, Libro III.)
