PEDRO M. GONZÁLEZ
La Monarquía es la bóveda protectora de la partidocracia. Las vigas que la sustentan son la corrupción. Cuando aquella se resquebraja, los que temen que caiga sobre sus cabezas utilizan siempre el mismo instrumento reparador, el consenso. La transacción indecente, la piña de los felones, no entiende de ideologías. Desde su momento fundador ha quedado de manifiesto como la ausencia de separación de poderes iguala las ideologías. La razón de estado consensual no entiende de izquierdas ni derechas sociales cuando la máxima de la autoconservación es el fin de prebendas, subvenciones y sinecuras sin fin.
La imputación del Sr. Urdangarín y los malabarismos jurídicos para intentar no llegar a la misma solución con su esposa alertaron al PP y al PSOE de que, a pesar de sus diferencias ideológicas, deben hacer frente común para defender a la Corona como garante del sistema de partidos en el que estos son los únicos agentes políticos reconocidos. Porque hay oligopolio partidista de la vida política, hay oligarquía de partidos, que es el nombre correcto de este régimen.
El caso Urdangarín consiguió que gobierno y oposición se pusieran manos a la obra para legislar sobre el blindaje de la Familia Real. Se dieron cuenta de que salvo el Rey, el resto de la Familia, incluido el entonces Príncipe, carecían de inviolabilidad judicial.
Pero la necesidad de esa reglamentación especial de la respuesta judicial por razón de la persona y parentesco con la monarquía no se limitó a los dos grandes partidos. De hecho fue Izquierda Unida quien presentara antes en el Congreso una iniciativa en forma de proposición, no de ley, para establecimiento de un estatuto jurídico particular de los miembros de la Casa de Su Majestad, en la que mostraba su preocupación por “el limbo jurídico” que destapó el proceso incoado al yerno de Su Majestad Emérita. La propuesta legislativa de la coalición fue vendida a su clientela ideológica electoral como un avance para el control de las cuentas y actividades de la periferia personal del monarca, pero la determinación de un fuero propio, como expresamente subrayó Llamazares supone, por el contrario, la extensión de las especialidades en razón de competencia judicial “por ser vos quien sois”. Vamos, un privilegio.
Ahora, el partido Podemos hace cuentas con la composición parlamentaria de sus expectativas electorales en el referéndum de la Monarquía. Carteros del consenso y de la corrupción. La disidencia controlada del “quincemayismo” transustanciada en papeleta. Otra piraña en la pecera.
Es el republicanismo monárquico de la izquierda social en el uniforme conservadurismo político que monopoliza lo político.
