JOSE MARÍA ALONSO.
Casi cuarenta años después de la muerte de Franco, observamos cómo sus herederos deambulan por la vida política española como boxeadores sonados a punto de desplomarse sobre la lona de un ring en un combate que nunca acaba. El partido surgido de Suresnes que abandonó su ideología fundamental y el partido fundado por el infame Ministro de Turismo de Franco, aquél que se mofaba del rasurado forzoso al que sometieron a las indefensas mujeres de unos mineros rebeldes, no hacen más que darse golpes en unos rostros desfigurados, ya sin la fuerza que les daba la confianza que les otorgaban unas generaciones de votantes temerosos del dictador los más antiguos y hartos y desengañados los más jóvenes.
El árbitro de ese combate bipartidista, otrora tan campechano, se encuentra tan noqueado y maltrecho como los boxeadores, incapaz de parar el combate, haciendo fiel reflejo con su decrepitud de la institución histórica que representa, una monarquía inane. Un árbitro inútil con un heredero al que ya apodan el ¨Preparao¨ que es una incógnita del que lo único que se sabe es de su fidelidad a un padre desconfiado.
A la sombra de los principales actores del combate partidista amañado, se agazapan otras formaciones que sólo aspiran a seguir recibiendo la subvención que les alimenta, que les instala en el Estado para residir como rémoras incrustadas en la piel del Leviatán, aquel monstruo que Hobbes equiparase con el inmenso poder de lo público.
El desastre social y económico que vive España no tiene precedentes en la historia reciente, por lo que es necesario un cambio en la raíz de todos los aspectos, comenzando por el cambio de la Ley Electoral, para que dejemos de ver ese vergonzoso combate de oligarcas sonados en un parlamento que no tiene a los ciudadanos representados, que abra sus ventanas para que la verdadera representación de un sólo diputado por cada distrito electoral ventile ese aire viciado de listas de partido, de listas de amiguetes, de listas de personas que no conocen las necesidades de aquellos a los que dicen representar.
Y que el raciocinio de los gobernados pueda decidir si desean seguir arbitrados en la Jefatura del Estado por unas personas cuyo único mérito para estar ahí no es otro que compartir una línea de sangre, y que no contentos con ello se han dedicado a enriquecerse a costa de comisiones y del saqueo y expolio de dineros públicos y privados a través de falsas fundaciones, en connivencia con los oligarcas indeseables que los sostienen y los protegen.
