LORENZO ALONSO.
Los medios de comunicación y los políticos americanos son muy dados a utilizar palabras y frases efectistas o impactantes para describir una situación preocupante. En las pasadas Navidades nos bombardearon con el “fiscal cliff” (abismo o acantilado fiscal) como un cataclismo financiero público si volvían a regir una serie de normas fiscales, cuando solamente era el final de una prórroga de exenciones fiscales y de mayores gastos, establecida por una ley de reducción del déficit público de 2011. Simplemente se volvía a un nivel mayor de impuestos y un nivel menor de gastos, si no había una nueva ley o un acuerdo dentro del Poder Legislativo. En aquella ocasión hubo un acuerdo de mínimos en las dos Cámaras del Congreso hasta el 1 de marzo.
A finales de febrero nos dijeron que habría un “sequester” (confiscación o secuestro presupuestario) si no redactaban una ley que lo impidiese o un acuerdo que lo pospusiese, cuando simplemente era el primer plazo de una serie de recortes presupuestarios que irán entrando en vigor de forma automática en los tiempos establecidos legalmente. Como no sucedió ninguno de los dos, el primer plazo de dicho recorte, 85.000 millones de dólares (85 billones americanos) entró en vigor el día 1 de marzo con una orden del Presidente de USA (Sequestration Order for Fiscal Year 2013) en la que explica las partidas afectadas. El Jefe del Poder Ejecutivo cumplió la ley.
Las siguientes batallas serán libradas estos días que preceden al 27 de marzo, fecha en la que acaba la autorización de la Cámara de Representantes para dotar de los recursos necesarios para que funcione la Administración Federal de USA y para aumentar el techo de la Deuda Pública, si es preciso. Solo una ley o una proposición de la Cámara de Representantes evitarán que muchas oficinas de la Administración Federal de USA echen el cierre.
En todo este suceso político ha habido demasiado ruido ya que el impacto no es tan importante, cuantitativamente respecto del PIB ni cualitativamente ya que estos recortes no afectan al 70% del Presupuesto federal, entre los que están los programas de sanidad Medicare, Medicaid y Chip (Programa de seguro médico para niños); ni los programas de la Seguridad Social; ni los gastos por los intereses de la Deuda Pública Federal.
Detrás de todo ellos hay una concepción de la política federal, del protagonismo de la sociedad y por tanto de las dimensiones del Gasto Público, que ha pasado de un 17% en la época de Clinton hasta un 24% en la época de Obama (¿Qué pensarán los analistas americanos de un país como el nuestro donde estos niveles se aproximan o rebasan el 50% del PIB?); de la utilización eficaz y eficiente del dinero que se detrae a los ciudadanos (o lo gasta el Gobierno o lo gastan los ciudadanos); del rigor presupuestario y de lo sagradas que son las autorizaciones para gastar salidas de la Cámara de Representantes (eso si que es Poder Legislativo); y del miedo de gastar más de lo que se ingresa (en términos de economía política, como diría Dalmacio Negro).
Aquí cualquier ministrillo de chicha y nabo puede proponer en el Consejo de Ministros un crédito extraordinario para ordenar gastos sin ingresos futuros ciertos mediante un Decreto Ley o aconsejar la prórroga de un presupuesto aprobado para otros gastos.
Si en este país las instituciones estatales funcionasen así, como funciona la Cámara de Representantes de USA, con los frenos y contrapesos de las diversas instituciones y con el cumplimiento de la ley a rajatabla (como ha hecho el mismo Presidente del país más poderoso de la tierra), otro gallo nos cantaría. ¿Os imagináis ese comportamiento en nuestro país? Yo no.
