PEDRO M. GONZÁLEZ
Cuando los poderes del estado y la nación no están separados y además la Justicia no es independiente, resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la penal. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esta inseparación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno y puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, los partidos tienden a dirimir judicialmente cuestiones de orden estrictamente político resultando imposible distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas.
La Andalucía postchavista es ejemplo señero de ello. Los escándalos económico-familiares del luego Vicepresidente Tercero del Gobierno durante su largo mandato en esta comunidad autónoma enrocaron a éste en una posición defensiva que aprovecha esta imposibilidad de discernir entre ambos tipos de responsabilidades para mantenerse impertérrito en el machito. Así Chaves rehúsa cualquier responsabilidad en el orden político amparándose en el curso de la investigación abierta por el Tribunal Supremo, enfrentándose a una oposición política, que enlodada en el mismo juego partitocrático y clientelar, como el caso Gürtel, les sitúa en idéntica inopia.
No es sólo cuestión de pobreza intelectual y moral de una clase política. La corrupción es de orden institucional e impide discernir la responsabilidad penal de Chaves de demostrarse que conocía o favorecía los negocios supuestamente delictivos de sus familiares a través de su influencia y nombramiento en puestos públicos, de su responsabilidad política. Ésta deviene automáticamente por la simple designación de sus allegados en tales lugares de confianza y del trato con la administración pública que el entonces Presidente de la Junta encabezaba. La responsabilidad penal precisa de culpa o dolo mientras que la política es de orden objetivo.
La posibilidad de detección y depuración de las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes y de independencia judicial. Mientras que en la República de los Estados Unidos de América el Norte los casos Watergate y Lewinski aún sin responsabilidad penal de los Presidentes afectados los puso en la picota de la responsabilidad política, en España se eludió el procesamiento del jefe del ejecutivo por delitos de asesinato con la excusa de su estigmatización pública. Que mayor muestra de la confusión entre responsabilidades políticas, nunca asumidas, y las penales, que fundiéndose en una sola avalan a fin de cuentas la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único, solo dividido funcionalmente.
