PEDRO M. GONZÁLEZ
Gallardón premia con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a la portavoz saliente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Dña. Gabriela Bravo. Torres-Dulce la propuso durante el último pleno del Consejo Fiscal. Es cierto que ser portavoz de una cúpula judicial elegida por los partidos y hacer comulgar al común con las ruedas de molino de la neutralidad y separación del llamado Poder Judicial del político es un papelón. Y merece su recompensa.
La misma Gabriela que nos tomaba por retrasados mentales y luego encima afeaba el anhelo de una Justicia separada en origen que garantice su independencia. Fue ella la que, a preguntas de periodistas sobre las críticas de las asociaciones de jueces al sistema de elección de cargos judiciales, manifestaba que no creía que el órgano que representaba “esté politizado” manteniendo que “no se puede criticar continuamente de forma peyorativa a la justicia” porque eso “desprestigia” al sistema judicial.
En lugar de reprochar la hipócrita impostura de unas organizaciones que sólo cuestionan el sistema de elección de cargos cuando no pueden obtener los frutos del consenso institucional y la matemática de la influencia de los partidos no les favorece con una posición prevalente, les reprendía por poner en duda el modelo de elección de miembros del CGPJ, asegurando para ello que dicho órgano no está politizado por el hecho de que sus miembros sean elegidos por el parlamento. “Los jueces y magistrados del CGPJ realizan una labor fundamental y no se puede tachar de forma peyorativa a la Justicia de nuestro país porque eso flaco favor hace al sistema judicial”, declaraba sin inmutarse.
Es la demagogia y pobreza intelectual del discurso la que hace demérito a la corrupción institucional de poderes inseparados, y sirve de ejemplo palmario de la necesidad de la ruptura democrática pendiente que separe los poderes del estado en origen. Dejar justificarse a los voceros del control político de la vida judicial vale más que mil sesudas reflexiones sobre los numerosos y eficaces resortes de su sometimiento. Más le valdría a la clase gobernante vender las ventajas de “estabilidad institucional” del control político de la justicia (todo atado y bien atado) que intentar convencer absurdamente de que existe una independencia judicial y separación de poderes que ya nadie se cree.
Solo la sustitución del CGPJ por un Consejo de Justicia elegido por todos los operadores jurídicos (no sólo jueces y magistrados) al margen de la sociedad política garantiza tanto la separación de poderes como la independencia de la justicia que es su lógico correlato y única garantía. Que mientras los sucesores de la Sra. Bravo sigan diciendo misa. Sólo servirá para crear nuevos conversos a la causa democrática de la República Constitucional. Lo que desprestigia la justicia no es la crítica del sistema sino la podredumbre argumentativa de su genuflexa postura. Ahora eso sí, de bien nacidos es ser agradecidos.
