LUIS LÓPEZ SILVA.
La relación entre Poder Judicial y Democracia es tan obvia como para poder afirmar que el Poder Judicial es un elemento esencial para la Democracia, aun sabiendo, que regímenes abominables como el Nazi o la Unión Soviética establecieron un poder judicial para implementar sus políticas arbitrarias y de terror y hacer cumplir su particular Estado de Derecho. Esta relación necesaria ya la abordó Aristóteles, que fue el primer teórico de las constituciones políticas, sosteniendo que los tribunales eran piezas fundamentales para resolver los conflictos de la sociedad aplicando los principios generales del derecho. De hecho, no incurrimos en ninguna gravedad si ratificamos rotundamente lo siguiente: que sin tribunales no hay gobierno y, por ende, no hay democracia.
Para entender la naturaleza de esta relación me apoyaré en cinco factores o variables que pueden esclarecer esta relación y, como consecuencia reflexiva, evaluar la calidad de nuestro sistema político. El primer factor que sustenta esta ilación en el grado de independencia judicial: esto es la libertad de los jueces para accionar procedimientos y tomar decisiones sin tener en cuenta las presiones del poder político o de otros grupos sociales. Además, esta independencia debe ser tanto estructural como cultural; estructural, en cuanto deben de existir mecanismos de protección formal contra las amenazas a la independencia, y cultural porque esta independencia debe ser respaldada por los valores informales y las tradiciones de la propia sociedad. El segundo factor a esgrimir en este particular vínculo es el prestigio judicial y social. Si los jueces son simples funcionarios a las órdenes de los burócratas y las influencias políticas, se les tendrá una baja estima. El estatus social de los jueces depende del alcance de su autoridad formal, del nivel de poder real que pueden ejercer, de la independencia de sus sentencias, del respeto público por sus capacidades, que se les asocie con una tradición respetable y un protocolo solemne y de la estima que otras instituciones ilustres expresen de ellos, entre otros. Si todos estos criterios no se cumplen la autoridad judicial sucumbe a la indiferencia e irreverencia social. La tercera variable correlativa que expongo se trata de la autoridad jurídica, es decir, del alcance jurisdiccional de los tribunales y de las medidas judiciales encargadas de hacer valer sus fallos una vez sentenciados, creando de esta manera vías jurídicas innovadoras que abren paso a interpretaciones judiciales que generan normas jurídicas que se convierten a menudo en derecho a aplicar. El cuarto factor que afecta a esta relación que analizo es el papel de la sociedad civil, ya que el poder judicial se halla determinado por los procesos y las instituciones de la sociedad civil. Todos los avances y tendencias sociales, económicas, políticas, tecnológicas y de cualquier otro ámbito son los que producen las diferencias, los intereses y los valores de los grupos sociales que entran en conflicto en cualquier sociedad y, es ahí, donde la potencia resolutiva del poder judicial entra en juego para adaptarse a los nuevos fenómenos sociales e interpretar con justicia las desavenencias surgidas. El factor último a analizar es el del papel de los actores públicos no judiciales como son el poder legislativo y ejecutivo y sus respectivas administraciones. Cuando estos poderes no generan la seguridad y los bienes públicos deseados por el ciudadano, éstos pretenden satisfacerlos por medio de los tribunales, lo que crea un activismo judicial sin poder real para resarcir los perjuicios demandados. Por ello, es principal que los legisladores y ejecutores de las leyes preserven la racionalidad y la pragmaticidad en su cometido, obrando en el principio del equilibrio social.
De todo lo dicho, podemos extraer conclusiones y comparativas con respecto a nuestro sistema político. La partidocracia actual es resultado, de entre otras circunstancias, de la relación incestuosa entre poder judicial y el sistema de estado actual que nos gobierna. Cuando el poder judicial ni es independiente ni es prestigioso ni tiene autoridad jurídica, simplemente no existe tal poder porque está fusionado con el consorcio legislativo y ejecutivo; y como referí al principio, si no hay poder judicial no hay ni gobierno ni democracia.
