Los partidos del régimen – PP, PSOE, IU, Nacionalistas, Ciudadanos, Podemos, etc – no plantean en sus programas para las próximas votaciones nacionales del 20 de diciembre ninguna solución efectiva al problema de la insostenibilidad, a medio y largo plazo, de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria. Y eso que supone la parte más importante del gasto público.
Es verdad que estos asuntos pertenecen al ámbito de la política de cada gobierno, que siempre es ideológica, y no al de los sistemas políticos, que son el principal objeto de observación del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Pero los traigo hoy a colación porque es uno de los ejemplos más evidentes de la inoperancia de los sucesivos gobiernos de esta monarquía de partidos.
¿Cómo es posible que, ante el peligro de que en diez o veinte años los españoles no puedan tener una pensión suficiente ni una sanidad decente, los responsables de este denominado Estado Social no hagan nada más allá de pequeños parches?
Evidentemente, autodenominarse “Estado Social” no soluciona nada: es pura propaganda.
La culpa es del consenso. La oligarquía de los partidos incardinados en el Régimen, financiados por el Estado, a imagen y semejanza del partido único de una dictadura, es absolutamente incapaz, ya no de solucionar problemas, sino de examinar sus errores y de tener el propósito de enmendarlos.
En una oligarquía de partidos no se produce la polarización entre izquierda y derecha, reflejo de los intereses distintos que hay en toda sociedad. Esta polarización, en una sociedad libre políticamente, da lugar al debate y la reflexión que preceden a la toma de decisiones, por mayoría absoluta, como es propio de la democracia, y no por consenso.
Aquí todos los partidos están en el mismo lado, en el Estado, no en la sociedad. El consenso impide la libertad de pensamiento, y el debate y la reflexión no tienen lugar. Cuando en algún caso hay debate, este es soporífero, un pastiche de tópicos propagandísticos y lugares comunes que no llevan a nada, como “garantizaremos el futuro de las pensiones” o “seguiremos teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”, sin decir cómo, porque cualquier idea creativa supondría sacar los pies del tiesto consensual.
Las prestaciones solo se pueden garantizar con dinero, no con propaganda.
Hace unos días, la OCDE publicó un estudio sobre las pensiones. Sus conclusiones son sombrías para España. En 2050 el envejecimiento previsto de la población española será un 44% superior a la media de los países desarrollados, que ya es muy alta. En otras palabras, en los países más ricos del mundo habrá 50 pensionistas por cada cien trabajadores, mientras que en España serán 73 pensionistas por cada cien trabajadores. Los estudios en esa línea abundan.
Como dijo Franco Modigliani, premio Nobel de Economía en 1985, la espoleta de la bomba de la seguridad social es muy larga, pero la espoleta del remedio es tan larga o más. Las decisiones que no se toman a tiempo no resuelven el problema, porque los efectos solo se dejan sentir a muy largo plazo. Y aquí no se han tomado.
Los países desarrollados empezaron desde hace treinta años a tomar medidas importantes para prevenir la insolvencia de sus sistemas de seguros sociales. La mayoría de los pioneros de estas reformas también son Estados de Partidos como España, pero hay una diferencia muy importante: las graves deficiencias en la administración de los asuntos públicos inherentes a la partidocracia quedan muy atenuadas por la influencia de la ética protestante.
¿Sabían los políticos españoles hace treinta años de la catástrofe que se cernía sobre el futuro de la previsión social? Deberían haberlo sabido; tanto expertos nacionales como extranjeros lo estaban avisando de forma generalizada. Si no lo sabían era porque no leían, no estudiaban o no querían saberlo. Los sucesivos gobiernos se dedicaron a pasarle la patata caliente al siguiente, sin decir la verdad a los contribuyentes.
¿Cómo opera aquí el consenso? Pactando para que la protección social no se convirtiera en materia de confrontación electoral entre partidos, cuando es de esta confrontación política de donde debe nacer el debate, las posturas claras de cada opción partidista y las soluciones.
En España el denominado Estado del Bienestar no se originó con la Monarquía de 1975, como algunos políticos del régimen a veces insinúan, sino que fue implantándose paulatinamente a lo largo del siglo XX, paralelamente al desarrollo del país. La Monarquía de Alfonso XIII creó el Instituto Nacional de Previsión, con los seguros de Accidentes de trabajo, el seguro de Maternidad y el Retiro Obrero; la II República el seguro de Paro Forzoso, la dictadura de Franco los seguros obligatorios de Enfermedad y de Vejez e Invalidez, las Mutualidades laborales y, a partir del crecimiento económico de los años sesenta, comenzó la implantación del actual sistema de Seguridad Social.
Durante los últimos años del franquismo ya se pusieron de manifiesto desequilibrios financieros importantes, se cotizaba poco en relación con las prestaciones y las reservas acumuladas gracias a un sistema demográficamente joven, se utilizaron para fines distintos a aquellos para los que habían sido creadas. Se consumieron las reservas destinadas a garantizar las pensiones en construir escuelas de formación profesional, infraestructuras sanitarias o financiar la industria pública, que pueden ser muy loables pero que deberían haberse financiado con otros recursos. Todo ello consecuencia de la falta de control del poder, y también del “consenso” existente entre las distintas familias del régimen, agrupados básicamente en “azules” y “tecnócratas”, procedentes respectivamente del Movimiento Nacional y del Opus Dei.
Los sucesivos gobiernos de la Monarquía de 1975 han hecho algunas reformas, pero se han revelado muy deficientes. El “azul” Suárez promovió los Pactos de la Moncloa, y Calvo-Sotelo inició la transferencia de la Sanidad a las Comunidades Autónomas, que ha resultado un disparate, como casi todo en el despiece del Estado en diecisiete reinos de taifas.
Los gobiernos del PSOE, con muchos ex “azules” en sus filas, ampliaron algunas prestaciones y tendían a ser menos rigurosos en la gestión, y los del PP, tecnócratas, se consideran mejores administradores. Aznar tuvo que pedir un préstamo para pagar las pensiones en 1997 y presume de haber creado el Fondo de Reserva, pero el enorme paro posterior se lo ha comido. Además, acabó de trocear el sistema sanitario en diecisiete partes.
Zapatero y Rajoy han hecho reformas, con la presión de los países más ordenados de la Unión Europea, pero el futuro del sistema es de una reducción paulatina de prestaciones, y sobre todo de una bajada de las más altas, después de haber cotizado al máximo. El programa de Podemos es el único que se pronuncia algo más sobre esto, aprovechando para hacer demagogia, diciendo que reducir las pensiones altas es más justo, como si de un moderno Girón de Velasco se tratara, cuando si bajan es porque no habrá dinero para pagarlas.
Pero en el fondo hay “consenso” para no afrontar los problemas. Las familias del régimen siguen siendo las mismas.
