La falta de separación en origen de la Justicia ha convertido a los juzgados en oficinas administrativas. La burocratización judicial mecaniza el examen de conductas humanas al tamiz de la Ley de forma semiautomática a causa de la dependencia orgánica, funcional y presupuestaria respecto del poder político. Hasta la Secretaría del Juzgado se denomina ahora Oficina Judicial.
Con tales premisas, no es extraño que los antiguos Secretarios Judiciales, ahora llamados Letrados de la Administración de Justicia, y que no pertenecen a la Jurisdicción, dependiendo directamente del Ministerio, puedan ya dictar resoluciones razonadas más allá de las de mero trámite, hasta ahora reservadas a los Jueces.
El Ministerio mide el nivel de éxito de la Ley de Reforma de la Oficina Judicial por el cómputo cuantitativo de asuntos tramitados. Es la preferencia de la cantidad por la calidad. Mientras, la caótica implantación del “papel cero” y el desconcierto general de todos los operadores jurídicos en su implantación obligatoria (Lexnet) sería de risa si no estuviera en juego el Derecho de los justiciables.
Simplemente el negociado no funciona. A pesar de que incluso los propios muchachos de los políticos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidieran la paralización de las últimas reformas para agilizar la Justicia, o mejor dicho precipitarla, sobre todo en el orden penal, la locomotora sigue adelante.
La maquinaria burocrática lo arrolla todo aun cuando las anteriores reformas no están asentadas aún, como es la implantación de la nueva Oficina Judicial que apenas está implantada en unos pocos partidos judiciales. El caso es mejorar la estadística a toda costa.
Sin facultad judicial separada en origen todo es gestión y nada Derecho. La Administración de Justicia cada vez es más Administración y menos Justicia. Y además no funciona.
