JUAN GALTO.

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.

Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia legal no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada del resto de poderes.

La llamada a cada nuevo “Pacto por la Justicia” por los partidos estatales es el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. La nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.

La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia se convierten en cromos de la iniquidad partidista elevada a la categoría de Razón de Estado.

El ganador aceptará el pacto mientras se respete su superioridad electoral y de paso hará gala de su “talante democrático”, demostrado en la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición.

Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del consenso cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.