La Sra. Fiscal General del Estado, Dña. Consuelo Madrigal, abogaba la semana pasada en el acto de apertura del año judicial por un “imprescindible pacto de estado” entre todas las fuerzas políticas para garantizar su independencia.
Sin embargo, pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.
Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada del resto de poderes.
Cada llamada a un nuevo “Pacto por la Justicia” es otro reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. La nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.
El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia es otro estímulo para el pacto. La solución negociada es la preferida
El ganador aceptará el pacto mientras se respete su superioridad electoral y de paso hará gala de su “talante democrático”, demostrado en la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición.
Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del consenso cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.
