PEDRO M. GONZÁLEZ

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.

Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada del resto de poderes.

La llamada a cada nuevo “Pacto por la Justicia” es el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. La nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.

El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial si cuenta con las matemáticas de la proporcionalidad a su favor. En caso contrario, la designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia hace ineludible ese consenso de los partidos sobre quienes hayan de determinar lo que sea o no legal.

Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del pacto cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.