PEDRO M. GONZÁLEZ
Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación legal del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.
Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por mucha alegación que se haga al consenso, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada de los poderes políticos del estado y la nación.
La llamada a un nuevo “Pacto por la Justicia”, cada Consejo General del Poder Judicial consensuado por los partidos o la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional son el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. Cada coyuntura política exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista.
El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador, según ya ha anunciado, aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia corre idéntico peligro para la oposición, de ahí que la solución negociada sea la preferida
El PP acepta el pacto novatorio del CGPJ mientras se respete su superioridad electoral (nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo incluido) y de paso hará gala de su “talante democrático” en palabras de su rival electoral, demostrando la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición y otorgando la posibilidad a los partidos pequeños de sumarse al timo.
