PEDRO M. GONZÁLEZ.
La progresiva neutralización de la Justicia por el poder político es denominador común en todos los estados partidocráticos europeos. Las reformas que a ésta atañen son indefectiblemente para controlarla y acabar con cualquier atisbo de su independencia. El último ejemplo de esta tendencia natural es la reciente ley de tasas del Ministro Ruiz Gallardón. Así ha sido desde el texto “constitucional” de 1.978, ganando con el tiempo en valentía y descaro los ataques al principio de separación de poderes, partiendo de la reforma del año 1.985 que instituyó la elección por los partidos de los miembros del CGPJ y hasta la última, cada intervención ministerial ha sido un eslabón más en la cadena que la une y somete al Poder Único del Estado de Partidos.
El Ministerio de Justicia termina así ordenando y marcando el ritmo de la vida judicial. Parece poco creíble que alguien que pretenda dilatar un procedimiento por los intereses en juego vaya a ser disuadido con la cuantía de los depósitos y tasas establecidas, mientras que entorpece el ejercicio efectivo del derecho a la defensa del justiciable que actúa con buena fe procesal y, lo más importante, sitúa en desventaja al litigante contra la administración. Ello sin contar con la más que habitual falibilidad de las resoluciones judiciales de instancia, que son luego enmendadas, y aún de la posibilidad de acudir a la condena en costas por temeridad al postulante doloso sin constituir depósito ni pagar tasa alguna según la establece la legislación procesal.
No quepa duda de que la mera institución de este peaje judicial la pagará todo justiciable, sea o no sujeto pasivo de tasas, aranceles y depósitos, ya que, dada la premura de los plazos procesalmente establecidos para evacuar los actos procesales, Abogados y Procuradores elevarán sustancialmente la provisión de fondos inicial que soliciten a sus clientes para poder cumplir con la exigencia legal dentro de plazo sin adelantar dinero de su bolsillo.
La independencia judicial es inversamente proporcional a la dependencia económica de la Justicia del poder político. Gallardón, como hiciera Caamaño, identifica Justicia con burocracia, reduciendo la problemática de la ausencia de un efectivo Poder Judicial con presupuesto propio a la simple ausencia de medios materiales, en la que justifican cualquier amputación de las garantías ciudadanas y de independencia judicial, atando en corto con nuevos lazos económicos a la Justicia para que no se escape del control político ni lo funcional ni en lo económico.
