PEDRO M. GONZÁLEZ
El ritual de apareamiento de los partidos ha terminado ya escogiendo por fin entre los más adeptos a los patrones de la Justicia. El nuevo Consejo General del Poder Judicial aparece coronado con los laureles del consenso. Familiares y amigos con toga y puñetas al servicio del estado.
Más que renovación, debería hablarse de novación. No se trata de depurar o sanear institucionalmente el órgano de gobierno de los jueces separándolo del resto de poderes, sino de sustituir sus miembros adecuando la presencia de los partidos en el CGPJ en función del nuevo juego de mayorías, fruto de un pactismo del que los ciudadanos son meros espectadores. No hay asomo de una sola medida en pro de la independencia de la Judicatura, reduciéndose a la mera sustitución personal que se dice contribuye a la regeneración y reforzamiento de nuestro querido “Estado de Derecho”, palabra hueca donde las haya y de corriente uso en la conversación política.
Identificar Estado de Derecho y Principio Democrático resulta totalmente erróneo si por Estado de Derecho se entiende el equivalente a “Imperio de la Ley” o acción estatal destinada al cumplimiento obligatorio de las leyes emanadas del poder legislativo. Lo único que significa es la obligatoriedad de la norma sin tener en cuenta su legitimidad y mecanismos de orden constitucional en su elaboración. Tan Estado de Derecho es éste como, el estado nazi alemán, la dictadura cubana o la Venezuela chavista. Las normas emanadas del Reich, de la Constitución Popular Cubana o de la Constitución Bolivariana también eran en el primer caso y lo son en los otros, de inexcusable y obligado cumplimiento.
En el caso español el tan cacareado reforzamiento del Estado de Derecho se traduce en la toma partidista de posiciones de ventaja en los órganos y Tribunales Político-Judiciales para dar falsa legitimidad a normas injustas elaboradas por un legislativo que sólo representa a los partidos, asegurándose resoluciones favorables a aquellos que los promocionan.
