PEDRO M. GONZÁLEZ
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad retirar sine die del orden del día de sus reuniones la renovación de su Comisión Permanente, su órgano más importante. El motivo, la búsqueda del consenso ahora inexistente sobre los vocales que hayan de integrarla.
Lesmes no ha explicado sin embargo cómo se consensua el mérito y capacidad de un profesional del derecho. Ni de ninguna otra disciplina o profesión. Porque si el consenso en política es el aborto de la libertad de pensamiento y su frustración por mor de la Razón de Estado, su traslado a la organización jerárquica de la vida judicial por los delegados electos de los partidos en el CGPJ se convierte en auténtica politización de la Justicia. Y el pasteleo en la formación de sus estructuras primordiales, en confesión pública.
Mientras el CGPJ no sea más que una extensión de los partidos, la simetría institucional de los intereses políticos en lo judicial será norma y guía insalvable por mucho que se apelen a valores como el mérito y la capacidad, que como el de la propia Justicia resultan innegociables. El consenso sobre la materia no transaccionable se llama corrupción, y cuando afecta a las instituciones del estado, corrupción institucional.
Claro que quienes negocian sobre lo justo y sobre quienes son más capaces para su determinación científica o doctrinal también han sido consensuados en sus puestos. Sin olvidar que quienes a su vez transaron en grado jerárquico superior basan su legitimidad en el supremo consenso constitucional. Reino de Consenso, que alcanza en este punto la mayúscula.
No es de extrañar así el grado de ineptitud de la clase política y la bobalicona simpatía de la Superioridad Hereditaria del Consenso también acordada entre, por, y para la tranquilidad de sus protagonistas, ya que entre ellos mismos consensuaron que eran lo mejor que nos pudo suceder en un momento histórico crucial.
