ALONSO MARTÍNEZ.

Recientemente han aparecido varios casos de políticos salpicados por una posible corrupción, tal es el del ex presidente Nicolás Sarkozy y el del ex ministro del Presupuesto Jerôme Cahuzac. El primero por un posible aprovechamiento de su posición de Presidente de Francia para solicitar ayuda financiera para su campaña electoral a la señora de Bettencourt, y el segundo por un posible fraude fiscal, poseyendo una cuenta en Suiza, negarlo en un principio y posteriormente reconocerlo aunque solo de 600.000 euros, si bien las últimas investigaciones de periodistas hablan de millones de euros. Otros nombres del actual gobierno han sido nombrados por tener posibles cuentas en Suiza, entre ellos Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores. Todos ellos tienen en común una posible financiación de los partidos políticos. Jerôme Cahuzac dimitió de su cargo de ministro en cuanto comenzó a hablarse de la posibilidad que tuviera dicha cuenta en el país Helvético. Se planteó volver a su asiento de diputado en la Asamblea, pero por la presión de sus compañeros de partido y del propio presidente de Francia,  que señalaban que sería moralmente reprochable su vuelta al hemiciclo político, dimitió de su asiento en la asamblea, siendo expulsado también de su partido.

En un momento en que Francia atraviesa una  crisis económica (11% de paro con 3,2 millones de desempleados) que no conocía desde 1997,  si bien los franceses no se han embargado en la compra de viviendas, un cierto pesimismo y preocupación se ha instalado en la población que no confía en que la situación mejore, y al no crecer su economía al ritmo que debiera, de hecho, en el primer trimestre de 2013 ha entrado oficialmente en recesión, se estima que la situación empeorará castigando aún más el empleo. Con todo ello, empieza a percibirse un distanciamiento entre los políticos y la sociedad a la que representan, de una crisis moral en la política. Se critica que sus representantes se han vuelto profesionales de la misma, casi funcionarios. A esta visión ayuda el hecho que sean pagados por el Estado y no por el distrito electoral, así como que los partidos políticos reciban ayudas del Estado, en vez de autofinanciarse solo por las cuotas de sus socios. No existe una limitación del número de veces de elección de diputado, por lo que un mismo representante puede ser elegido indefinidamente por una misma circunscripción. Tampoco existe un control del distrito electoral sobre su diputado una vez ha sido elegido. Tal es el caso del ex ministro de presupuesto que, aunque moralmente reprochable su actuación, legalmente tenía el derecho de volver a su acta de diputado por su distrito, sin que este ultimo tuviera ningún poder de evitarlo. El 15 de mayo, J. Cahuzac, ha dejado entrever que pudiera presentarse, nuevamente, a las elecciones parciales por su anterior distrito.

Tras estos sucesos se ha abierto un debate en la sociedad francesa, y principalmente en los medios de comunicación. Desde el ejecutivo se quiere mejorar esta imagen con una serie de medias en las que haya mayor transparencia, tal como la declaración pública de patrimonio de los diputados, el endurecimiento de medidas contra los infractores, así como la no acumulación de mandatos para evitar un conflicto de intereses entre el cargo de diputado y su otro cargo, por ejemplo, de edil en un ayuntamiento. Esta última medida, a pesar de tener mayoría socialista en la asamblea, es complicado que triunfe pues el 80 % de los diputados mantienen esta acumulación de cargos políticos, y aunque el montante económico es importante (un salario bruto mensual de 14.000 euros como diputado, y entre 1000-4000 euros por su cargo en la administración local), lo importante es el abanico de influencias que se adquiere cuanto más cargos políticos se posee. Es por ello que, desde el gobierno, para convencer a sus diputados de la modificación de la acumulación de cargos, señala que dicha medida se haría efectiva a partir de 2017 y no en 2013. Tras cumplirse un año de la llegada al Eliseo de Hollande, el 6 de mayo, y como consecuencia de la mala imagen y baja popularidad que alcanza el jefe de Estado, ya no se habla de si habrá una remodelación gubernamental, sino en qué momento se hará, siendo el actual Ministro de Interior, Manuel Valls, el favorito para encabezar dicho nuevo gobierno.

A pesar de todo ello, y de circunstancias similares con la clase política española, la gran diferencia que sigue existiendo es la representación, que sí se da en Francia, en cuanto los diputados son elegidos por mayoría en su distrito, y aunque el partido pueda tener influencia en dicho diputado, éste puede mantener sus posiciones frente a su partido, pues su representación se la debe al distrito que le ha elegido directamente y no al jefe de partido que le ha incluido en la lista electoral como en España. Esta exigencia es básica para erradicar la corrupción que si bien en Francia existe, no alcanza las cifras que se dan en España. En el último debate del estado de la Nación, en nuestro país, el presidente del gobierno señaló que en España “no hay un estado (con minúsculas) generalizado de corrupción”, ya que lo que realmente existe es una corrupción generalizada del Estado (con mayúsculas).

Desafortunadamente,  la separación de poderes del ejecutivo y legislativo no se da tampoco en Francia, pues el gobierno está sujeto a una posible moción de censura por la Asamblea Nacional, por lo que podría darse la circunstancia que haya un Jefe de Estado socialista y un gobierno de derecha si existiera una mayoría de esta ultima en la asamblea, como ya se dio siendo presidente Mitterrand y primer ministro Chirac, en lo que se denominó la Cohabitación. El hecho que en la Asamblea Nacional  los ministros tengan un banco de asientos exclusivo para ellos, como en España, denota la no separación de poderes y que el ejecutivo, incluido dentro del hemiciclo del poder legislativo, se mezcla con éste dando lugar a confusión. Pero, a diferencia de Francia en que un diputado, en cuanto es ministro, debe renunciar a su acta de diputado durante el periodo en que ejerza dicha función, en España se permite, simultáneamente, que un diputado (miembro del poder legislativo) sea ministro, formando parte del gobierno (poder ejecutivo), con lo que nos aclara la idea de la situación política existente en nuestro país, la existencia de la no separación de poderes, y que ambos forman un cuerpo único con funciones diferentes.