PEDRO M. GONZÁLEZ
Lo del atraco nacionalista en Cataluña no es de ahora. Nadie parece darse cuenta de que en cuestión porcentual la catalaxia del poder en el estado de partidos lo ha determinado todo desde su comienzo. Cuotas de poder repartido que se establecen a través de los porcentajes que siguen la Ley D´Hondt marcan la matemática de la corrupción institucional en España, y la del tres por ciento (como poco) la de la ejecución del proyecto de obra nacionalista como subconjunto de Venn de aquella. La ecuación de esa cataláctica nivela a los partidos de estado independientemente de su ideología, sin que escapen de su cumplimiento exacto ni “derechas”, ni “izquierdas” ni nacionalismos, en constante juego de suma cero.
Ya en julio de 2010 la Fiscalía presentaba una querella por apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles contra los máximos responsables de la Fundación Catalunya i Territori (CIT), próxima a Unió Democrática de Catalunya (UDC). Según el Fiscal, estos habrían urdido una trama de una treintena de empresas para justificar la entrada de fondos en dicha Fundación sin existencia de sustrato negocial real alguno. En su escrito, el Ministerio Público dirigía la querella contra, entre otros, el Presidente y los Vocales de CIT: D. Josep Boque, D. Joan Albert López y D. Miguel Ángel Cortés. El Presidente de una de las empresas del entramado (COPISA) era D. José Coronado Mateu, quien, según el Fiscal, destinó fondos de su compañía a pagar la deuda de las empresas vinculadas a la Fundación en un montante de 1.183.472 euros. La querella sostenía que, con el fin de justificar el trasvase económico, los querellados urdieron una simulación de negocio en la que se encontraba también involucrado el a su vez señalado por el Fiscal D. Xavier Soriano Borrás, vinculado a la propia Fundación afín a UDC.
Soriano habría obtenido un préstamo de un millón de euros de COPISA con los que adquirió el crédito que ostentaba la Fundación frente al grupo fraudulento. El importe total así desviado alcanzaba entonces la cifra de 1.786.651, 46 euros, cuyo destino final se ignora aún a día de hoy. Otro de los querellados, el administrador de la firma Kontrast Produccions, D. Jordi Cuevas, vinculó durante la investigación previa de la Fiscalía al diputado de UDC, D. Josep Sánchez Llibre, con la trama, aunque la propia fiscalía archivó después las diligencias en relación a este último. No obstante, el fiscal indicaba en la querella que UDC resultaba “inicialmente concernida” por estas maniobras, debido a su condición de beneficiario último a título lucrativo de la actuación supuestamente delictual. La cosa aún colea, como la petición de diecisiete años que plantea la Fiscalía.
Filesa, Gürtel, Copisa… la cara B de la matemática partitocrática.
