ROBERTO CENTENO.
Me dicen a veces algunos lectores: “Bien, pero además de criticar la situación, ¿qué haría usted para arreglar España?”. Lo primero que debo responder es que llevo explicándolo desde 2007, ya que nunca hago una crítica sin dar después soluciones. En mi último libro sobre la crisis, El disparate nacional, publicado por Planeta, describo los hechos –de algunos de los cuales fui testigo directo– y las personas que nos han llevado a la ruina, y dedico un capítulo a explicar las medidas para salir de la crisis. Lo segundo que debe considerarse, y esto es el centro de la cuestión, es que el problema de España no es económico, como en Grecia, Irlanda y Portugal. Es político.
Político fue el desastre financiero, donde un Gobierno insensato hizo caso omiso de la carta de los inspectores del BdE en 2006, en la que se alertaba inequívocamente de lo que iba a suceder, e hicieron justo lo contrario de lo que debían. Política fue la decisión de ignorar la crisis y de falsear el cálculo del PIB que desde 2008 se sobrevalora en más de dos puntos anuales. Y política es la decisión de mantener un modelo de Estado infinanciable y corrupto, unos bancos inviables y unos monopolios esenciales con licencia para robar. Afirmar que hay soluciones que dejen intacto este entramado de expolio sin límites es un insulto a la inteligencia y un engaño miserable a los españoles.
Primera medida: cambio del modelo de Estado
La primera medida es obvia, indiscutible, sine que non: hay que cambiar el modelo de Estado. Ningún país puede soportar un sistema político que lleva al despilfarro anual del 11% de su PIB. Es metafísicamente imposible. Desde las duplicidades entre administraciones –36.000 millones–, hasta la estructura del sistema –17 comunidades autónomas con todos los elementos propios de un Estado soberano y 8.127 ayuntamientos con una legión de personas y medios–.
Y todo ello con el descontrol más absoluto y el mayor nivel de corrupción, tanto institucional como personal, de la historia de España. Es obsceno, es inmoral y es indigno que la casta política, con la señora De Cospedal al frente, afirme con total cinismo que “las Comunidades no son el problema”. Si el despilfarro del 11% del PIB no es el problema, ¿entonces cuál es, Maricospe?
Y ya no vale el camelo habitual, el de corregir los excesos. El sistema es el exceso. Hay que cortarlo de raíz manteniendo solo las autonomías históricas: País Vasco, Navarra y Cataluña. Y reducir los ayuntamientos a menos de 3.000. Mantener el resto de autonomías es contrario a la razón y a la realidad histórica. Es solo un invento de la infausta Transición para que la casta política pudiera colocar a sus familiares y amigos por cientos de miles, y con sueldos un 40% por encima que la media del sector privado. Un diferencial jamás ocurrido antes de la Transición y que tampoco sucede en ningún otro país, donde los salarios públicos están siempre por debajo de los privados. Están saqueando España sin contemplaciones. Desde aquí me adhiero a los llamamientos a los funcionarios para que saquen a la luz todo lo que saben de corrupción, estafas, apropiación indebida, gastos suntuarios, engaños y clientelismo. Hay que desenmascarar a los corruptos. España debe saber.
Pero voy a ser mas concreto. Hay que eliminar los 2,5 millones de empleos* públicos nombrados a dedo o con pruebas a medida. Ningún país y menos España se puede permitir pagar a gente por no hacer nada. Aparte de su disparatado sueldo medio, el costo total es mas disparatado: oficinas –la mayoría de lujo– en edificios señeros, medios de todo tipo, cientos de miles de ordenadores a la última, 300.000 teléfonos móviles, 30.000 coches oficiales, etcétera. Pero es que el tema es mucho peor que no hacer nada. Les pagamos por destruir España.
Hay 350.000 personas dedicadas a tiempo completo a idear, legislar y controlar 17 mercados diferentes, a poner barreras de todo tipo entre las regiones españolas.Han destruido la unidad de mercado, que es el elemento esencial para el crecimiento. Es mas fácil mover productos entre Estados europeos que entre regiones españolas. ¿De qué sirve la reforma laboral sin unidad de mercado? Y les recuerdo lo que ya he repetido mil y una veces, una de las verdades más profundas del funcionamiento de nuestra economía: por cada puesto eliminado en el sector público se crean 2,8 en el sector privado.
Los beneficiarios y la casta dirán que la marcha atrás es imposible. ¡Mentira! Que nos lo pregunten a los españoles. Convóquese un referéndum claro, Autonomías sí o Autonomías no. ¿O es que dejar que los españoles decidamos es imposible? No podemos permitir que sea una oligarquía que no nos representa quien decida sobre nuestras vidas. Es imposible mantener la situación actual.
*La cifra de enchufados no es mía, la dio Montoro al afirmar que solo 700.000 empleados públicos de los 3,2 millones existentes han realizado una oposición limpia y transparente. El resto han entrado a dedo o con pruebas a medida.
