Gracias a los medios de comunicación hemos asistido a la transformación del proceso independentista catalán en una campaña electoral, siguiendo las consignas de la oligarquía de partidos del Estado. Así, la última gran manifestación en Barcelona del pasado domingo contó con un masivo seguimiento de las televisiones -frente a lo ocurrido con las anteriores en Barcelona y toda España- las cuales nos regalaban con primeros planos de los políticos que encabezaban la primera fila, y que pedían “volver a votar”, como modo de acabar con la “falta de cordura” de los independentistas.
De tal suerte, la abusiva aplicación de un artículo 155 de la Carta Otorgada de 1978 (ya que dicho artículo no autoriza al Gobierno a hacer nada de lo que ha hecho) tiene como solo objetivo la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, justo la fecha que quería el ex presidente de la Generalidad para las suyas a cortes constituyentes, y, antes, en todo caso, de enero de 2018, cuando terminará el secreto bancario en Andorra, que, probablemente, perjudicaría electoralmente a los nacionalistas catalanes.
Pues de eso se trata, el gobierno partidocrático del Estado sólo está interesado en mantener el statu quo previo a la declaración de independencia del parlamento catalán, y por ello, ve “con agrado” que el ex presidente golpista y huido de la justicia se presente a las elecciones, o, mejor dicho, votaciones, pues no saldrá elegido ningún auténtico representante de la nación, sino aquellos comisionados de los jefecillos de los partidos que negocien un nuevo “consenso” que realice concesiones al nacionalismo catalán que serán perjudiciales para el conjunto de la nación.
Vemos, por tanto, el desarrollo de dos procesos paralelos, el judicial y el político; el judicial conforme a los delitos recogidos en el código penal que el gobierno debía haber instigado hace varios años si tuviera algún respeto por la ley -que considera maleable a su servicio- y la nación -a la que no representa, y a la que usa para refrendar sus listas de paniaguados y esquilmar con impuestos para mantener la inmensa red clientelar del Estado de las autonomías-; y el político, que, con el concurso necesario de la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas, convierte esta gravísima crisis nacional en otro mero juego electoral partidocrático, con amnistías o indultos sobre la mesa. De un plumazo, han desaparecido todos los indicios de la guerrilla urbana que se iba a desarrollar en Cataluña si se actuaba contra los sediciosos, tal como daba a pensar las energías desplegadas en el referéndum del 1-O, ese parto de los montes. El independentismo catalán ha mostrado su verdadero rostro cobarde y miserable, y sus sosias del Estado central acuden en su ayuda, para darles con las urnas lo que no han podido obtener con las urnas.
