ROBERTO CENTENO
Ante la auténtica orgía de corrupción, la mayor sin duda de toda nuestra Historia, lo que ya es decir en un país cuyos gobiernos e instituciones han sido generalmente venales, y donde actualmente el gran consentidor a la vez que negacionista de la misma, Mariano Rajoy, ha sido beneficiario igual que la inepta Ana Mato, algo por lo que podría ser llamado a testificar por el juez Ruz vía Supremo, ha pasado totalmente desapercibido el nuevo expolio fiscal sin precedentes a las clases medias y trabajadoras que representa la Ley del IRPF, aprobada el pasado jueves 20 por este Gobierno, cuyas principales señas de identidad son el nepotismo, la corrupción, el expolio fiscal y la mentira.
La ley aprobada reduce en primer lugar los tipos de gravamen del IRPF, pero simultáneamente elimina numerosas deducciones de forma que lo que te dan por un lado te lo quitan por otro, algo habitual en este Gobierno de tramposos. En segundo lugar, elimina los coeficientes de actualización y abatimiento en las ventas de viviendas de segunda mano, lo que supone un robo sin paliativos de los ahorros de toda una vida de trabajo y esfuerzos de millones de españoles, dado que grava unas plusvalías inexistentes. Y en tercer lugar, implantan un corralito fiscal a los ahorradores, gravando a aquellos que quieran instalarse en otro país, ignorando la libertad de circulación de personas y capitales.
Pero antes de analizar este nuevo expolio del PP, hay un hecho esencial en relación con la corrupción que apenas se ha comentado. Todos los casos de esta que los jueces han ido destapando eran ya de sobra conocidos por todas las personas informadas. Y sin embargo los responsables de acabar con esta lacra no solo han mirado para otro lado, es que ellos mismos se han beneficiado y además han protegido e incluso encumbrado a los responsables. Los casos de corrupción conocidos y que no han llegado a la vía judicial son incontables. Una parte significativa de ellos ha sido denunciada (por ejemplo a la señora Cospedal), y en lugar de comprobar las denuncias, las han tirado a la papelera.
Hay concejales presidentes de Distrito en el Ayuntamiento de Madrid y en otras instituciones que han fragmentado los contratos de su responsabilidad en trozos de 18.000 euros con el fin de poder burlar la Ley de Contratos del Estado mediante un fraude que permite las adjudicaciones a dedo. Una manera de cometer el delito de cohecho sin quebrantamiento de la fórmula legal aplicada. Este tipo sistemático del cohecho se ha denunciado repetidamente en el Ayuntamiento de Madrid sin que hasta la fecha ni los responsables municipales ni los de Génova 13 hayan dado muestras de reacción alguna.
Un preámbulo que dice todo lo contrario que el texto
Antes de entrar en la nueva ley, parece necesario explicar la estrategia fiscal de Rajoy, que ha llevado la carga impositiva sobre los españoles a un nivel confiscatorio, la más alta de nuestra historia y del mundo desarrollado. Para engañar a los ciudadanos, la casta política parasitaria viene utilizando habitualmente un concepto tan falaz como engañoso: la presión fiscal (ingresos fiscales divididos por el PIB). Engañoso por dos razones, porque el PIB oficial, como sabe cualquier analista competente, sobrevalora el PIB real en torno al 30%, lo que significa que la presión fiscal en lugar de ser del 32,5% es en realidad del 46,4%, por encima de la de los países nórdicos, donde se sitúa en el entorno del 45%. Pero es que además, ni siquiera esta cifra muestra la realidad.
En España los verdaderamente ricos gracias a las sicavs escapan a la mayoría de impuestos; las grandes empresas, sobre todo las que operan en el exterior, pagan impuestos irrisorios, e infinidad de profesionales liberales o negocios, evaden una parte significativa de sus impuestos. La única manera de conocer la carga fiscal real de los españoles es calcular, como hace la OCDE, la presión fiscal sobre la familia media (matrimonio y dos hijos), donde desde hace décadas estábamos a la cabeza, pero con Rajoy ganamos ya por goleada. España es el campeón mundial en carga impositiva sobre las personas que cobran por una nómina.
Desde que gobierna el PP se han inventado o subido 86 figuras impositivas. Han construido un sistema fiscal que es la envolvente máxima de todos los impuestos mundiales, de forma que cuando implantan una nueva figura nos dicen, “es igual que en tal o cual país”. Lo que no dicen es que es que en tal o cual país no existen la mitad de impuestos que han implantado aquí. Es la estrategia de la mentira. Además, a partir de la infausta Transición se ha extendido en España la perversidad de introducir como preámbulos de las Leyes consignas de propaganda política, a favor de los gobiernos que las promulgan, incluso cuando son abiertamente contradictorios de los textos legales a los que preceden. Así, el preámbulo de la Ley del IRPF dice justo lo contrario de lo prescribe su texto.
En nuestro caso se afirma que la ley “permitirá una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los contribuyentes”, pero cuando uno va al texto legal lo que se encuentra es un incremento brutal de la misma que lleva al robo puro cuando se decide gravar plusvalías inexistentes. Para empezar, a la vez que se rebajan los tipos impositivos se adoptan otras medidas de signo contrario, “suprimiéndose incentivos fiscales que reducían significativamente la base imponible del impuesto”.
Es decir, lo que te reducen por un lado (tipos más bajos) te lo suben por otro (suprimiendo deducciones), una jugada típica de Rajoy y sus secuaces que, cuando inicia su mandato, lo primero que hace es justo lo contrario de lo que había prometido hacer: subir los impuestos. Pero no solo los sube, además se mofa de los españoles: “No había otro remedio”, dijo. O sea, que en un presupuesto de gasto de 450.000 millones de euros, donde hay 100.000 millones de despilfarro, no había un solo lugar de donde recortar 6.000 millones. Rajoy no solo nos expolia, además nos toma por imbéciles.
En la nueva tarifa aplicable a la base liquidable se reduce el número de tramos y se rebajan los tipos marginales, favoreciendo siempre a las rentas más altas, el tipo mínimo baja 4,75 puntos porcentuales pero los máximos que afectan a rentas superiores a los 60.000 euros se reducen en 7 puntos. Y simultáneamente se suprime la deducción por alquiler. Se suprime la exención de 1.500 euros a los perceptores de dividendos, exención que afecta a los accionistas más modestos, porque a los ricos se la sopla. Se eliminan los coeficientes de abatimiento en la venta de participaciones en sociedades no cotizadas, lo cual afecta sobre todo a personas modestas y mayores, lo que, de no pagar nada al venderlas, pueden llegar a pagar un 25% si tienen una antigüedad de 30 años o incluso un 50% si la antigüedad fuera de 50 años. Bajan la reducción en los rendimientos de trabajo irregulares del 40 al 30%, y se limita la exención de las indemnizaciones por despido a 2.000 euros. Se suprime la deducción del 10% para donaciones a fundaciones y asociaciones de utilidad pública. Se elimina la deducción por cuenta ahorro-empresa y la deducción por obtención de rendimientos del trabajo y actividades económicas
Y es que a estos mafiosos que nos gobiernan no hay por donde cogerlos, son auténticamente despiadados para con los más débiles e indefensos. Adicionalmente, en la ley se toman toda una serie de medidas para ampliar la base imponible del impuesto para contribuir “al mejor sostenimiento de los gastos públicos”, o sea para pagar más que el propio texto reconoce que la nueva ley es para pagar más, no para pagar menos. Y esta es la parte menos desfavorable, porque en las dos siguientes se pasa directamente de incrementar la presión fiscal neta, porque la supresión de las deducciones elimina por completo el efecto de la bajada de tipos, al robo directo a los ciudadanos.
Del robo en las viviendas al corralito a los ahorradores
Pero si la supresión masiva de deducciones anulará el efecto de la rebaja de tipos, lo que incrementará la carga fiscal sobre las familias, esto es una broma comparado con el expolio a que van a ser sometidos más de 30 millones de propietarios de inmuebles al eliminar estos desalmados los llamados coeficientes de abatimiento y de actualización. Este expolio sin precedentes lo expliqué en detalle el pasado 10 de noviembre, pero se resume así. El ahorro total de los españoles a día de hoy asciende a unos 8 billones de euros, de los cuales 1,8 se encuentran en activos financieros tales como depósitos, bonos o acciones, y el resto, más de 5 billones, se encuentra en viviendas y locales. Esto significa que los españoles, y en particular la clase media, han concentrado los dos tercios de su ahorro en activos inmobiliarios.
Y es precisamente sobre este ahorro, que en el caso de la clase media supone el 80% del ahorro total, contra el que Montoro y Rajoy han focalizado su reforma fiscal para tratar de mantener su chiringuito de nepotismo y corrupción, que es la base de su poder y de corrupción y que, ante la más que previsible debacle, se está incrementando exponencialmente. El mecanismo de expolio es algo impensable en una democracia: la eliminación por decreto de los coeficientes de abatimiento y actualización de los bienes inmuebles. Para estos dos saqueadores, un inmueble comprado por 100 hace 20 años o más y vendido hoy por 300 ha tenido una plusvalía de 200, y en consecuencia debe ser gravada según los tipos del IRPF para las ganancias patrimoniales.
Se trata un robo sin antecedentes históricos a unos ciudadanos indefensos, que se completa con el impuesto sobre el suelo de los Ayuntamientos que, al depender del valor catastral, que no ha dejado de subir aunque el suelo no haya dejado de bajar, de forma que cuando una persona que haya invertido los ahorros de toda su vida en una vivienda o un local comercial y necesite venderlo para repartirlo entre sus hijos o para sobrevivir, aunque no haya tenido plusvalía real alguna, el sistema fiscal implantado por el PP le robará hasta la mitad de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra aunque esta se realizara hace 40 años. Un robo sin paliativos, ya que grava plusvalías inexistentes a los ahorros de toda una vida de esfuerzos y sacrificios a las clases medias y trabajadoras.
Finalmente, este pavoroso cuadro de expolio fiscal y de puro robo se completa con un corralito fiscal para los ahorradores, como explicaba aquí McCoy el pasado día 21. “Si usted tiene un patrimonio financiero en acciones o participaciones sociales superior a 4 millones de euros o una participación de, al menos, el 25% de una empresa con un valor de la misma superior a un millón de euros, deberá integrar en su declaración las plusvalías latentes de dichos activos o participaciones en caso de que elija, por los motivos que sea, instalarse en otro país”. Es decir, el Gobierno de Rajoy “cercena por la vía fiscal la libertad de movimientos y coarta su posibilidad de buscar nuevas oportunidades, personales, familiares o empresariales, en otras naciones”. Es por todo esto y cien cosas más que, como afirmaba la semana pasada, votar al PP hoy es algo propio de lacayos y de traidores.
