PEDRO M. GONZÁLEZ.
Cuando no existe separación de poderes no sólo se politiza la Justicia, sino que también la política se judicializa. La judicialización de la política es la tendencia a la resolución por vía judicial de conflictos de orden político. La inexistencia de contrapesos de poder impide el control público de la actividad política de modo que por un lado, los únicos agentes políticos reconocidos, los partidos, tienden a resolver sus disputas en los tribunales, y por otro, los ciudadanos irrepresentados sólo pueden impotentemente intentar responsabilizar a la sociedad política mediante la acción indirecta de una tutela judicial mediatizada.
Con ello no se entienda reproche al contenido material de, por ejemplo, la querella de Rosa Díez contra Rato y sus amigotes por el latrocinio de las también politizadas cajas de ahorros. Pero es evidente que precisamente que el propio origen político de la notitia criminis determina el resultado del procedimiento judicial según quien lo interponga y quienes hayan designado a los jefes de los que tienen que resolver en conciencia sobre el asunto. Y viceversa, en la acción por la libertad política, la utilización de los cauces jurisdiccionales del estado de poderes inseparados está destinada al fracaso más allá de la espectacularidad procesal.
Cuando los poderes del estado no están separados resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de sus actores. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esta inseparación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno y puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, no es de extrañar que resulte imposible a la clase política distinguir entre los dos distintos ámbitos culpabilidad.
La posibilidad de detección y depuración de las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes. Mientras que en USA los casos Watergate y Lewinski aún sin responsabilidad penal de los Presidentes afectados les puso en la picota de la responsabilidad política, en España se eludió el procesamiento del jefe del ejecutivo por delitos de asesinato con la excusa de su estigmatización pública. Que mayor muestra de la confusión entre responsabilidades políticas, nunca asumidas, y las criminales, que asimilándose en una sola avalan, a fin de cuentas, la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único, solo dividido funcionalmente.
