THÙLIO M. MORENO.
La presentación de dos personas, que se reclaman hijos de Juan Carlos Borbón, invita a la reflexión sobre la responsabilidad de cualquier Jefe de Estado, que pretenda ser coherente y honesto.
No han pasado muchas fechas, desde la afirmación de “todos somos iguales ante la Ley”, tampoco han ocurrido muchos hechos, que induzcan a confirmar la certeza de dicha afirmación; pero los pocos que se conocen, demuestran la falsedad del dicho.
No hemos de remontarnos al Derecho Natural, para afirmar que TODAS las personas somos iguales ante el Derecho y por ende ante la Justicia (siendo ésta, en este caso, la traslación práctica del predicado). Mas en cada circunstancia en que nos paramos a analizar tales aforismos, nos desanimamos y desengañamos, con los resultados. No es verdad, que todos somos iguales ante la ley. Y no es eso lo peor, sino que se busquen excusas para no “estigmatizar” conductas o procederes contrarios y hasta delictuosos.
Cualquiera puede tener relaciones sexuales con personas plenamente adultas, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias de tales actos y asumiendo los efectos que se generen. Obviar aquellos resultados que no nos gusten, no deja de ser señal inequívoca de IRRESPONSABILIDAD, negligencia e ineptitud.
La constitución española, y la mayoría de leyes avanzadas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tratados Internacionales, etc. no hacen distinción entre quien tiene título honorífico y quien no. No hay distinción entre quien es hijo en matrimonio y quien no lo es. Ni entre quien nace en un territorio o en otro. Ni quien es varón o hembra. Cualquier persona es, a efectos de derecho, igual que otra. Me temo, que esto es sólo teoría; lo que no debe suceder en un Estado de Derecho.
Ambas personas que reclaman ser hijos de …, con la debida prueba (hoy identidad del ADN) deben poder optar a la igualdad ante la Ley. Soslayar la prueba de ADN, impedirla, “satanizar” la petición, rebuscar en la letra una coartada, o “mantenella y no enmendalla” son nuevas muestras de podredumbre, de encanallamiento social, de vileza humana y de corrupción moral.
La alta judicatura no querrá estigmatizar al actor y dejará sus hechos impunes, con la razón que quieran. Pero el pueblo es consciente de la deriva, que día tras día se observa en la vida política española. Y siendo este un caso ejemplar, no admite dilación o demora; si se hace “faena de aliño” se fijará la senda de evasión de responsabilidad que, desgraciadamente, es hoy tan común en España.
Ni los políticos son responsables en el ejercicio de su actividad, ni los banqueros en la quiebra financiera y el desenfreno, ni las instituciones en su escándalo social, ni los jueces en la parcial aplicación de la ley, ni la jefatura del Estado en su bochornosa conducta; ni, en consecuencia, el pueblo en su desprecio a todos los anteriores y la deslealtad a sus “falsos principios”.
Y algunos quieren que Europa nos ayude financieramente, cuando lo que se debe pedir es regenerar la moral, la ética, la responsabilidad y la honestidad. Después, lo demás, será más fácil.
