PACO BONO SANZ.
La “constitución” española de 1978 afirma en su artículo 6 que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Con este artículo, los partidos que consensuaron la partidocracia española establecieron para la participación política en el estado la condición indispensable de militancia en un partido.
Los partidos se convirtieron así en la conexión entre la sociedad y el estado. Pero dado que todo español podía fundar una nueva organización política, los constituyentes se ocuparon de limitar el acceso mediante una discriminación de carácter financiero. Los fundadores del régimen partidocrático español demostraron un descarado oportunismo al aprovechar su protagonismo en la transición para blindar la preeminencia de sus organizaciones políticas sobre cualesquiera otras que se pudieran conformar. Los grandes partidos, mal llamados nacionales o nacionalistas, financiados todos por el estado desde su origen y, por ello, desvinculados de la sociedad, fundamentan su poder con la falaz propaganda de la “legitimación” de unas urnas que en realidad sólo sirven para la selección de unas listas cerradas e impuestas a dedo en enormes distritos en los que la representación “ciudadana” es imposible.
El oligopolio de partidos se refuerza con la aprobación de una ley electoral que establece unos mínimos difíciles de alcanzar por cualquier contrincante sin el apoyo cómplice de los medios de comunicación de masas, públicos o privados, tutelados en mayor o menor grado por el propio estado, que otorga las licencias de emisión de radio y televisión. Pero no se confundan, la clave no estriba en qué partido sea el que tome el poder, la cuestión no es el porcentaje, sino el sistema corrompido y corruptor de toda aquella organización que se aposente en las entrañas del régimen, ya sea su finalidad, política, sindical o meramente cultural.
El estado aspira a ser todo, y los partidos, al ser estado en sí mismos, cumplen el único objetivo de servir a sus intereses partidarios, llegando a conformar estados paralelos con gigantescas estructuras donde se trafica con las influencias y se mercadea con la nación, tildando de interés general asuntos que sólo benefician a unos pocos apoltronados y a sus socios, chupópteros por mandato constitucional.
