PEDRO M. GONZÁLEZ
Criticar la ausencia de independencia judicial para llegar a un autogobierno exclusivo y excluyente de los jueces de espaldas al restante mundo jurídico es hacer trampa. El “Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial”, elaborado por las asociaciones judiciales pretendía que los jueces y sólo los jueces fueran los que dirigieran el destino del mal llamado Poder Judicial so capa de su incuestionable politización actual. Si es evidente tal instrumentalización y aún más, el sometimiento institucional de la Justicia a la política de los partidos, no lo es menos que la crítica se orienta a la pretensión de unas asociaciones parasindicales de jueces de constituirse en órganos estatales de selección y gestión del escalafón, cuando curiosamente hasta este momento se han mostrado cómplices con el actual sistema.
Dos medias verdades no suman más que otra mentira, nunca una verdad completa. Partiendo de una premisa cierta como es la dependencia de la facultad judicial respecto de los poderes políticos del estado y de la nación (en realidad uno sólo en esta partidocracia) con la consiguiente politización de la Justicia, los mismos firmantes del manifiesto mostraban pocos días después de su presentación pública su firme oposición al acuerdo alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía española (CGAE) por el que los Colegios de Abogados tendrían ciertas funciones meramente consultivas en la elección de altos cargos judiciales. Y eso que se trataba de funciones carentes de toda relevancia decisoria.
Se trata de simple botón de muestra de cómo los mil cuatrocientos firmantes incurrían en un error de bulto al confundir e identificar facultad jurisdiccional con Gobierno de la Justicia. Y es que, la independencia judicial no justifica la creación de una casta de funcionarios privilegiados que señoreen la vida judicial más allá de las atribuciones estatales que tiene conferidas para el ejercicio de su función. Frente a estas reivindicaciones elitistas de autorregulación sin freno se impone la sustitución del actual CGPJ por un Consejo de Justicia elegido separadamente de forma mayoritaria por todos los operadores jurídicos en igualdad de condiciones, desde Jueces y Magistrados, pasando por Fiscales, Peritos Judiciales, Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores, y Catedráticos de las Facultades de Derecho, censo que ha de incluir necesariamente también a todo el personal de Juzgado, desde Agentes y Oficiales hasta Secretarios.
