JESÚS CACHO.
El caso Alfredo Sáenz Abad, 70, consejero delegado del primer banco español y uno de los más importantes del mundo, acaba de conocer la penúltima estación de un viacrucis que está poniendo en evidencia esa tan cacareada igualdad de todos ante la Ley y hasta la propia vigencia del Estado de Derecho. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) decidió el viernes rechazar el incidente de nulidad planteado por la defensa de Sáenz contra la sentencia del Supremo que anuló parcialmente el indulto que le fue concedido por el Gobierno Zapatero y que, ya puestos, invadió competencias que no eran suyas, hasta el punto de pretender borrar las consecuencias administrativas de la primitiva condena por denuncia falsa de que fue objeto. Refugiado en su sempiterno escapismo, al Gobierno Rajoy y al Banco de España (BdE) no le queda más remedio que saltar al ruedo y lidiar ese morlaco: Decidir si el número dos de Emilio Botín, 78, reúne los requisitos de honorabilidad exigibles para el ejercicio de la profesión de banquero y obrar en consecuencia. Es decir, aplicar la ley.
Un poco de historia para aportar luz al enredo. En 1994, recién estrenado como presidente de Banesto, Sáenz decidió apretar las clavijas a quienes mantenían cuentas pendientes con un banco que acababa de ser intervenido (diciembre de 1993) con un teórico agujero de 600.000 millones de pesetas. Uno de esos morosos era Harry Walker, firma que adeudaba 640 millones. Directivos del banco (después también condenados) presionaron a sus accionistas para que avalaran personalmente la deuda, a lo que éstos se negaron, episodio tras el cual esos directivos, con el conocimiento de Sáenz, interpusieron querella criminal contra Pedro Olavarría y otros apoyada en una serie de hechos falsos (tal que los empresarios se habían comprometido a avalar esos préstamos, y que habían desviado el dinero recibido del banco al extranjero para metérselo en el bolsillo), falsedad que los querellantes conocían. Los de Banesto hicieron más, porque, con el titular del juzgado nº 10 de Barcelona donde cayó la querella de vacaciones, lograron el “milagro” de que de la misma se hiciera cargo como sustituto el célebre exmagistrado Pascual Estevill, quien, por razones fáciles de adivinar, precipitó los acontecimientos haciendo comparecer en el juzgado a uno de los querellantes para ratificarse en la querella. Era el 7 de septiembre de aquel 1994 y ese mismo día el juez sustituto dictó auto admitiendo la misma y citando a los querellados para el día 9 a las ocho de la mañana en su juzgado, lo que se llevó a cabo sin la presencia del fiscal. Horas después, el expeditivo Estevill metía a los querellados en la cárcel Modelo de Barcelona.
Por estos hechos, el juez fue condenado como autor de un delito continuado de prevaricación, en concurso con dos delitos de detención ilegal. Los damnificados interpusieron también querella por cohecho, alegando que el ex juez había recibido dinero a cambio de su execrable conducta, cuya investigación llevó muchos años (causa de la dilación del procedimiento, que supuso la rebaja en un grado de la pena impuesta a Sáenz) y que no llegó a puerto porque no se pudo demostrar el delito de cohecho. El 24 de febrero de 2011, el Supremo ratificó la sentencia previa de la Audiencia de Barcelona (diciembre de 2009) condenando a Sáenz a tres meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del desempeño de cargos de dirección vinculados con entidades bancarias durante dicho plazo, por un delito de acusación falsa. Para el TS quedó probado que el aludido conocía tanto la interposición de la querella como la falsedad de los hechos en que se apoyaba. “El Tribunal declara probado que la querella se presentó siguiendo las indicaciones dadas desde la presidencia del banco, y con el conocimiento y el beneplácito del recurrente para recuperar como fuera los créditos” (…) “nada se hacía sin que él se enterara”.
El 25 de noviembre de 2011, días después de haber perdido las elecciones generales, el Gobierno Zapatero decidió indultar, con el informe negativo del propio TS, al consejero delegado de la primera entidad de crédito española. Si bien no pudo concederle el indulto total, el Ejecutivo le conmutó la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por una multa irrisoria, la prevista en la legislación aplicable al caso. Sáenz se libraba así de tener que abandonar su sillón en el Santander, como era obligado en caso de estricta aplicación de la pena, aunque evidentemente seguía llevando sobre sus hombros la tacha de la falta de honorabilidad que le inhabilita para ejercer el cargo. El inciso final de ese Decreto Zapatero, entre lo chusco y lo inaudito, decía así: “…quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto”.
Flagrante ilegalidad del Gobierno Zapatero
El 26 de febrero de 2013, la Sala Tercera (Sección Sexta) del TS hizo pública una sentencia declarando la nulidad de ese vergonzante inciso final y devolviendo de nuevo la pelota a un BdE ahora gobernado por Luis María Linde. El Gobierno Zapatero había cometido una ilegalidad flagrante al eliminar las “consecuencias jurídicas” de la sentencia. Pero, en una nueva pirueta de las muchas que ha conocido el caso, el 12 de abril de este año el Ministerio de Economía aprobó un Real Decreto modificando los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno exigibles en las entidades de crédito. El subsecretario,Miguel Temboury, aclaró incómodo que esa reforma era una imposición de la UE como consecuencia de las directrices aprobadas en noviembre de 2012 por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en la materia. La evidente excusatio non petitasolo sirvió para confirmar la sospecha de que el Gobierno Rajoy estaba tratando de hacer un nuevo favor al indultado más famoso de España. Conviene aclarar que la competencia para valorar la existencia o no de honorabilidad sigue recayendo en el BdE que, sin embargo, después de este RD ya no está obligado a cesar a Sáenz como le obligaba la vieja norma, mucho más exigente. A partir de ahora puede hacerlo, pero también puede no hacerlo. Todo queda a la libérrima discreción de Linde. Y a su sentido de la responsabilidad. Ni más ni menos.
Y ahí seguimos, enredados en un periplo judicial que, además de escandaloso, es revelador del deterioro general de la situación española, al poner de manifiesto la ausencia de moralidad de las elites financieras, el sometimiento de la clase política a los dueños del dinero, el deterioro de las instituciones, la falta de independencia del regulador y el estado de subordinación de buena parte de los medios de comunicación. Con todo, el escándalo es tan morrocotudo y la presión social provocada por la crisis tan notoria, que difícilmente Gobierno y BdE van a poder seguir escurriendo el bulto. Gracias a los regalos de Zapatero, a Mariano Rajoy le toca de nuevo bailar con la fea. Aseguran que Linde no está dispuesto a pasar a la Historia como el gobernador que se tragó el “sapo Sáenz”, y otro tanto ocurre con De Guindos. “Linde va a armarse de argumentos, hablando con todas las partes, antes de decidir. Pero la idea es cepillárselo y pronto, en el plazo de un mes”, asegura una fuente fiable que, no obstante, no se jugaría un ochavo en caso de tener que apostar por el valor de Linde.
Miguel Alba señalaba días atrás en este diario que “el caso Sáenz estará finiquitado antes del verano. El nuevo decreto de honorabilidad bancaria acelera el calendario que manejaba el BdE para fallar sobre su futuro. La nueva ley establece un plazo máximo de dos meses –a contar desde el pasado lunes 15 de abril- para que el supervisor decida sobre una posible inhabilitación, tras la anulación parcial del indulto por parte del Supremo”. La Comisión Ejecutiva del BdE ha reabierto el procedimiento administrativo correspondiente, mientras el Santander ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional, no obstante lo cual en Alcalá esquina Cibeles tendrán que tomar una decisión sin esperar a dicho fallo, que podría demorarse hasta 2014.
El recambio, provisional, se llama Matías Rodríguez Inciarte
Aseguran que dentro del propio banco ya se ha puesto en marcha la “operación relevo” ante un desenlace que creen inminente. Lo contrario no se entendería. No se explicaría el empecinamiento de Botín en mantener en su puesto contra viento y marea a un hombre que camina con el estigma de esta sentencia a cuestas y cuya permanencia en el cargo supone un coste reputacional considerable para la institución en los mercados. Un ejecutivo condenado en firme por el Supremo por haber metido en la cárcel, denuncia falsa mediante, a unos ciudadanos a quienes pretendía cobrar una deuda, no puede estar al frente de un banco sin que el propio banco pague el precio del desprestigio y sin que la Justicia del país quede en evidencia de sumisión ante el dueño y señor del banco en cuestión. A menos, claro está, que el primer banquero del reino haya decidido echarle un pulso al país y a sus instituciones, reclamando una vez más esa Justicia a la medida de la que ha dispuesto en otras ocasiones (cesiones de crédito y fortuna en cuentas suizas, entre otras).
El empeño en mantener a Sáenz, por otro lado, alimenta una cierta sospecha sobre la capacidad del banco para encontrar dentro de la casa un sustituto de garantía, es decir, plantea interrogantes sobre la calidad de su cúpula gerencial, algo que no debería ser así tratándose de una entidad del tamaño e importancia del Santander. El Gobierno ya sabe, porque se lo ha adelantado el propio Botín, que el sustituto será Matías Rodríguez Inciarte, 65, actual vicepresidente tercero, aunque, dadas las características del personaje, todo indica que se trata de un hombre de transición hasta que el amo encuentre la salida del laberinto, el modo de franquear esa “tormenta perfecta” a que aludía a finales de enero el periodista Patrick Jenkins, deFinancial Times, quien, después de describir a Botín como “el hombre más poderoso del país”, aseguraba que “Las preguntas acerca de la fuerza financiera del banco aumentan. El presidente supera actualmente en 13 años la edad de jubilación, sin que se atisbe un plan claro de sucesión. La tormenta se avecina, se mire por donde se mire, para Botín y el mayor banco de España”.
El santanderino, que con menos del 2% del capital en poder de la familia gobierna el banco como si de un monarca absoluto se tratara, intenta colocar a su hija, Ana Patricia Botín, en el trono, aunque no le va a resultar fácil convencer del movimiento a los grandes fondos extranjeros. Ratificar en el Consejo a otro de sus hijos, Javier Botín, ya mereció la reprobación de más del 25% del accionariado en la última Junta General. Mientras el Santander sortea la tormenta, el ciudadano español medio se conformaría con ver la Justicia respetada y cumplida en la persona de Alfredo Sáenz. Asegura un espléndido artículo aparecido en el portalhayderecho.com, obra de Rodrigo Tena Arregui, que “la decisión de la entidad sobre el caso Sáenz puede ser una de las más relevantes de la historia reciente de España y, dependiendo de su contenido, marcar un futuro, en un sentido o en otro”. Marcar el futuro de la Justicia y la calidad de nuestra democracia. A Mariano Rajoy y al PP les toca retratarse. Todo un desafío democrático.
