ROBERTO CENTENO
La consecuencia más nefasta derivada de la estructura del Estado de Partidos(1), impuesto a los españoles por los oligarcas de la Transición y de la crisis económica, que para nuestra desgracia ha sido “gestionada” por los dos presidentes de gobierno más desastrosos desde Fernando VII, es que ha llevado la desigualdad de la renta y la riqueza al mayor nivel conocido desde que existen series estadísticas, lo que nos sitúa como el segundo país más desigual de Europa después de Letonia. En los años 70 las diferencias salariales en grandes bancos y empresas eran como máximo de 25 a 1, hoy son de 300 a 1. Pero sobre todo han arruinado literalmente el futuro de nuestros hijos, a quienes legaremos una deuda monstruosa que jamás podrán pagar, aparte de un sistema de pensiones y de sanidad pública que están literalmente quebrados: por primera vez, desde la Guerra de la Independencia de hace dos siglos, los hijos vivirán peor que los padres e incluso que sus abuelos.
Han destruido el sistema público de enseñanza, que era uno de los mejores de Europa, lo que lo convirtió en el principal motor del ascenso social. Han creado un modelo de Estado económicamente ruinoso, insolidario y corrupto a todos sus niveles decisorios. La brecha entre ricos y pobres está a la cabeza de Europa. Están creando un mercado laboral tercermundista con salarios medios de 645 euros/mes, y donde más de la mitad de los jóvenes nunca encontrará un empleo digno. Han saqueado el sistema de pensiones hasta hacerlo insostenible, y donde todos los cálculos demuestran que las prestaciones deberán reducirse en un 40% para hacerlo viable. Y han contraído una deuda pública que supera ya el 140% del PIB, lo que arruinará la vida de las generaciones futuras. Esta es la España que legan a nuestros hijos aquellos que hoy pretenden seguir gobernándonos, al parecer hasta nuestra aniquilación.
1.- La destrucción de la enseñanza pública
En 1983, una de las prioridades socialistas fue hacerse con el control de la enseñanza pública como elemento esencial de adoctrinamiento. Bajo la excusa del “progresismo y la igualdad”, el trío Maravall-Solana-Rubalcabaempezó a desmantelar todo el sistema de enseñanza precedente, que era ciertamente modélico. Y lo primero fue expulsar de las universidades públicas a los mejores catedráticos y profesores con la excusa de la “dedicación exclusiva”. O se enseñaba o se trabajaba en el mundo real. Las dos cosas eran excluyentes. Lo segundo fue sustituir el conocimiento por el carnet de izquierdas para enseñar. Y lo tercero doblar el número de universidades con un nivel de enseñanza tan ínfimo que son solo fábricas de parados. Sería más barato pagar a los estudiantes de muchas universidades de nueva planta para estudiar en Harvard que tenerlas abiertas.
Recuerdo una comida mantenida a raíz de este disparate histórico en el restaurante La Dorada, en Madrid, en la que entre otros estuvieron presentes Enrique Fuentes Quintana, Ángel Rojo, el director de Puerta de Hierro –que era catedrático de Medicina–, y otros catedráticos con puestos de alta responsabilidad en grandes empresas. El tema era muy sencillo: si eras el jefe del Servicio de Estudios del Banco de España no podías enseñar a la vez Teoría Económica. Si eras cirujano y operabas, no podías enseñar Cirugía. Si habías construido la siderúrgica de Avilés, no podías enseñar Siderurgia. Si eras un penalista de primer nivel, no podías enseñar Derecho Penal, etc., etc. Era tal la barbarie que le pedí a Fuentes Quintana que hablara con Felipe González para evitar la ruina de la universidad pública. No estaba por la labor, y le dije: “Pero, Enrique, ¿qué pueden hacernos peor que esto?”. Su respuesta fue: “Roberto, eres un ingenuo, ni te imaginas lo que pueden hacer”.
Y tenía razón. Destruyeron la industria pesada y alimentaria para entrar en la CEE. Lo único que les importaba era el reconocimiento político europeo, el precio daba igual. Proclamaron e implantaron la cultura del pelotazo de la que Carlos Solchaga sería su gran apóstol. Y en la universidad, lo siguiente fue suprimir las oposiciones a cátedra –“puro fascismo”–. Para ser catedrático bastaban unos requisitos mínimos que reunían cientos de personas, y entre ellas elegir a los izquierdistas de partido. Los grandes catedráticos pasaron a las universidades privadas, y la universidad pública quedó devastada. Aunque todavía quedan excelentes profesores e investigadores en nuestras universidades, su número va siendo cada vez más marginal. Un 85% es pura mediocridad, cuando no incompetencia absoluta. Es la razón de que no haya ni una sola universidad española entre las 200 mejores del mundo, aunque a partir de 200 ya no se hacen diferencias. “Las universidades españolas están entre las peores”, según Time Higher Education en 2013.
Pero es peor aún: los buenos profesores están cada vez más acorralados por los mediocres con filiación política, que dedican su tiempo no tanto a enseñar, sino a hacerse con el poder en las universidades, empezando por las “jefaturas de departamento”, casi invariablemente ocupadas por “profesores” de carnet, lo que a su vez les permite contratar a más correligionarios y hacerse con todos los cargos de poder. La mayoría de los rectores son de obediencia o simpatía izquierdista. Y ya la puntilla: al transferirse por Aznar las competencias de educación a las autonomías, las universidades han crecido como hongos, sin plantillas idóneas para una enseñanza seria, y en lugar de fábricas de licenciados son fábricas de parados: a día de hoy el 70% de sus licenciados en el paro o trabajando como seiscientoseuristas. Si los españoles se dieran cuenta del daño que el PSOE, por acción, y el PP, por omisión, han perpetrado contra sus hijos y nietos, estos desaparecerían para siempre.
Para España, como país, el tema es superable. Varias universidades privadas que en otro tiempo eran poco menos que academias de “piso” han adquirido una calidad realmente internacional. Un número creciente de chicos y chicas estudia en EEUU y Reino Unido. En este tema las universidades de los jesuitas han prestado y siguen prestando un servicio impagable a España y a los españoles. Pero el drama es que la esperanza que la enseñanza pública representaba para millones de españoles sin recursos para mejorar significativamente sus vidas a base de estudio y sacrificio ha desaparecido. Lo ha hecho por culpa del sectarismo y la incompetencia de la izquierda de partidos, y de la inacción de la derecha de partidos. Esta última, preocupada solo de su enriquecimiento personal, no ha tenido el menor interés de poner coto a la politización y el envilecimiento del sistema educativo cuando ha gobernado.
Y en cuanto al bachillerato público solo era superado por Francia, y en la enseñanza superior solo nos aventajaban Francia y Reino Unido, y estábamos al mismo nivel que Alemania, Suecia o Dinamarca. Hoy nos superan hasta los países del Este, y ocupamos el lugar 35/40 a nivel mundial. Es el resumen dramático del hundimiento de unas de las mejores enseñanzas públicas de Europa. Aquellos hijos de guardias civiles, de trabajadores, de profesionales modestos que se sentaban a mi lado en las aulas del Instituto Nacional de Enseñanza Media Fray Luis de León de Salamanca, y que hoy son médicos famosos, abogados de prestigio, ingenieros, ya no podrán conseguir en la España del futuro lo que consiguieron sus padres y abuelos. Aquel gigantesco ascensor social que existía en España antes de la infausta Transición ha sido destruido.
2.- Un Estado insostenible y corrupto
El Estado de las autonomías fue inventado e impuesto a los españoles por un puñado de arribistas, ávidos de reconocimiento social y sin el menor sentido del Estado, que a medida que alcanzaban algún grado de influencia iban subiendo la interminable escalera de sus ambiciones. Se crearon así 17 autonomías contrarias a la realidad histórica y totalmente innecesarias para la administración de España con la sola finalidad de dar cargos políticos, estatus elevados y poder sin control a los segundones de los partidos. Este modelo de Estado atomizado, en lugar de mantener centralizado los dos tercios del gasto, como ocurre en los estados federales, ha invertido la proporción. Las CC.AA. y entidades locales consumen las dos terceras del gasto total de la Administración Pública, algo único en el mundo, que lleva a un despilfarro anual de más de 100.000 millones (el 10% del PIB), respecto a lo que supondría un estado unitario administrativamente descentralizado.
Se trata de un cáncer mortal que vamos a legar a nuestros hijos, algo canallesco que tenemos la obligación grave de extirpar. Hay que eliminar lasAdministraciones autonómicas, Gobiernos, Parlamentos, empresas públicas, diputaciones, así como llevar a cabo una reducción drástica de ayuntamientos inútiles o inviables. Su mera existencia es incompatible con el futuro económico de España, y lo que aún es peor, con la esencia de España como nación. La Comisión europea no deja de recordarnos además que este modelo de Estado rompe la unidad de mercado, chocando frontalmente con la libertad de movimiento de mercancías, con la solidaridad interregional y con la competitividad. Y la pasada semana la Comisión denunció que la disparatada estructura territorial contribuye de modo decisivo al incremento de la pobreza y al aumento de la desigualdad.
Fue en las autonomías y en las corporaciones locales donde el Estado de Partidos encontró el inagotable pesebre para sus legiones de parientes, amigos y correligionarios. Diecisiete reinos de taifas, varios de ellos obsesionados por constituirse como nación, con sus Parlamentos, sus instituciones, sus televisiones, sus miles de empresas públicas donde enchufar a cientos de miles con salarios muy por encima de los funcionarios de carrera, sin necesidad de dar explicaciones a nadie y sin control alguno. Ha sido la desvertebración de España: diecisiete sistemas sanitarios diferentes con protocolos y sistemas informáticos a veces incompatibles, con diecisiete sistemas educativos contradictorios y a cual peor, en muchos de los cuales se niega la propia realidad de España como nación. Peleas entre regiones donde se blindan privilegios y hasta los ríos. Ruptura completa de unidad de mercado con más de 100.000 leyes promulgadas para separarnos.
A esto se suma el desastre de los “ayuntamientos democráticos”, donde en lugar de optar por la elección directa de alcaldes como en las verdaderas democracias y mantener las instituciones locales como ámbitos de gestión, se optó por el clientelismo y la orgía partidista por los políticos de turno con su legión de enchufados, de forma que donde había diez funcionarios pusieron a cien. También fueron desmanteladas, por la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 del Gobierno socialista, todas las funciones de control de los secretarios e interventores, única garantía de los ciudadanos ante la corrupción y el nepotismo, sustituyendo a los únicos garantes de la legalidad y el control del gasto por cargos de libre designación y dejando el campo libre a la clase política y sus redes clientelares. Esto es particularmente escandaloso en las grandes ciudades, donde un concejal presidente de distrito, por ejemplo, puede trocear los contratos públicos para poder adjudicarlos a dedo y no pasa absolutamente nada. Madrid es un buen ejemplo de ello. Y cuando estos hechos han sido denunciados por UPyD y algunos medios, Esperanza Aguirre, como responsable del PP de Madrid y de la lucha contra la corrupción, en lugar de comprobarlos los ha ignorado. Y lo que es peor: los responsables repetirán probablemente en las próximas listas para el Ayuntamiento. Y si no a la Comunidad de la indulgente mano de Cristina Cifuentes. Como me decía hace años el alcalde izquierdista de Prat de Llobregat, “nosotros hemos sido elegidos democráticamente, y no necesitamos el control de nadie. Nos controla el pueblo en las elecciones”. Parece ser lo mismo que piensan Doña Esperanza y Doña Cristina.
(1) Denominación técnica de Antonio García Trevijano.
