PATRICIA SVERLO.
Maquillaje morado
La inmensa mayoría de los casi 300 guardias civiles y más de 100 soldados que ocuparon el Parlamento nunca fueron juzgados. En total, sólo fueron encarcelados y procesados 32 militares y un civil, y ni siquiera todos resultaron condenados después. El juicio empezó en febrero de 1982, en un antiguo almacén de papel del Servicio Geográfico del Ejército, habilitado para la ocasión, en la zona militar madrileña de Campamento.
Sabino y varios funcionarios e instituciones se esforzaron mucho para intentar dejar a Juan Carlos al margen del procedimiento judicial. Los abogados defensores mantuvieron la tesis de que los militares insurrectos habían actuado “por obediencia debida” al rey. Y pretendieron que Juan Carlos prestara declaración como testigo, como mínimo por escrito, teniendo en cuenta el protagonismo que había tenido la noche y la madrugada del golpe de Estado. Pero no hubo manera. En lugar suyo, declaró Sabino. De todos modos, el rey acabó saliendo como implicado en las declaraciones de la mayor parte de los encausados. No en la de Armada, que se comprometió en un pacto de silencio que no pudo romper nadie. Los otros coincidieron en el hecho de que el rey estaba enterado de todo y que participó en el plan de actuación. Aquellos meses tuvieron que ser amargos para el monarca, aunque una multitud enfervorizada de columnistas y políticos intentaron paliarlo en la medida de sus posibilidades, con una sólida campaña en defensa de la Corona. La Junta de Andalucía llegó a hacer una declaración oficial de adhesión al rey el marzo de 1982 durante el juicio.
El 3 de junio se dictó una sentencia que no gustó a nadie. De los 33 encausados, 11 resultaban absueltos, a Armada sólo le caían 6 años y, aunque a Milans y a Tejero se les aplicaba la pena máxima (30 años), el mismo Tribunal Militar anunciaba que solicitaría el indulto al Gobierno. El entonces presidente, Calvo Sotelo, expresó su disconformidad y anunció la intención gubernamental de recurrir en contra de la sentencia. Con esto, la causa pasó a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia. El 6 de abril de 1983 se abría la vista de los recursos en la Sala Segunda. Pero cuando se dictó sentencia firme, el 28 del mismo mes, se pudo ver que los cambios eran poco significativos, excepto en el caso de Armada, que ahora salía con 30 años de condena. Para suavizarlo un poco, el Tribunal especificaba que “si el Consejo Supremo de Justicia Militar persiste en su propósito, pronunciada la sentencia, de dirigirse al Gobierno para que se ejercite el derecho de gracia respecto al teniente general Milans y al teniente coronel Tejero, deberá hacerlo extensivo, para evitar agravio comparativo, al general Armada”. Milans, Tejero y Armada fueron los únicos con una condena superior a 12 años. Con más de 3, sólo fueron condenados ocho de los encausados. Aunque el número de absueltos se redujo sólo a tres, a la mayoría les correspondieron penas de 1 a 3 años, tras los cuales se podrían reincorporar nuevamente a sus puestos en el Ejército. Uno de los condenados, éste a 5 años, fue el capitán Jesús Muñecas, cuya brillante actuación televisiva, anunciando al hemiciclo la llegada inminente de una “autoridad militar“, también merecería haber sido premiada con un Oscar. Otros que tuvieron la suerte de no salir por la tele se pudieron salvar con mucha más facilidad. Los coroneles Valencia y Arnáiz, por ejemplo, que se encargaron de tomar RTVE y varias emisoras de radio, no fueron encausados y al poco del 23-F los dos resultaron ascendidos a general.
