PEDRO M. GONZÁLEZ.
La politización de la Justicia y la Judicialización de la política tan sólo son percibidas por la sociedad intuitivamente, en la lela situación de analfabetismo jurídico a que se ve le aboca de forma interesada. Si el desconocimiento de la Ley no justifica su incumplimiento, corresponde al Estado la disposición de todos los rudimentos técnicos y medios posibles para que la ciudadanía conozca adecuadamente las instituciones y normas básicas que determinan su desenvolvimiento en sociedad. Eso es instruir.
Sólo cuando la falsa originalidad de la cultura postmoderna convierte la ideología de los partidos de estado en extravagancia curricular o simple adoctrinamiento, se explica como lógica la ausencia en los programas de estudios de una asignatura que enseñe al menos los rudimentos de la regulación social de la conducta humana. La educación sustituye a la instrucción pública.
Con tales premisas, se explica el extrañamiento de la aproximación al Derecho como materia de obligado estudio en los planes de estudio, disciplina imprescindible en cualquier sociedad que aspire a la libertad individual y colectiva de sus ciudadanos. Sin la exigencia profunda y rigurosa que estudios superiores deben pedir al futuro jurista, el conocimiento de las instituciones elementales del derecho tanto público como privado debe estar presente en el acervo educativo personal de quien se reclame libre.
Si el conocimiento del significado de conceptos jurídicos tan elementales como el de propiedad o delito y de normas reguladoras del desenvolvimiento natural en la sociedad del individuo como son las más básicas del derecho de familia o los derechos frente a la administración, resultan herramientas indispensables en el desarrollo personal, el estudio de las instituciones democráticas y su funcionamiento resulta decisivo en toda sociedad que aspire a conservar o a conseguir su libertad colectiva. Hasta que ello ocurra, el analfabetismo jurídico vestirá como asuntos meramente técnicos aquellos que conforman el núcleo mismo de la Democracia y determinan la existencia o no de régimen constitucional.
Es habitual en el discurso político oír hablar de Ley Electoral o del sistema de elección de representantes y miembros de la judicatura como asuntos simplemente adjetivos, sin importancia, cuando su correcta definición jurídica es sustantiva para la existencia de la libertad colectiva. El mínimo conocimiento del Derecho por la ciudadanía como orden normativo e institucional de la acción humana, es indispensable para vislumbrar la falsedad del estado de partidos así como para poner en marcha los sencillísimos mecanismos que convertirían una oligarquía apátrida en una República Constitucional, es decir, representativa y con poderes separados.
