PEDRO M. GONZÁLEZ.
El PSOE e Izquierda Plural han presentado una serie de enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en las que reclaman al Gobierno fondos para la apertura de fosas de la Guerra Civil y para “la redefinición y reorientación” del Valle de los Caídos, lo que implicaría la exhumación de los restos allí depositados del dictador Francisco Franco.
Lo de la muerte del ferrolano parece que no está muy claro. Llueve sobre mojado. Ya antes de su condena por prevaricación, aún en activo, Baltasar Garzón, requería al Registro Civil de Madrid para que en el plazo de diez días remitiera a su Juzgado el certificado de defunción de Franco. El Magistrado justificaba el oficio en la necesidad de dejar constancia procesal de la inimputabilidad por muerte del dictador, como causa extintiva de su responsabilidad penal en el proceso por crímenes contra la humanidad que había abierto contra el franquismo.
Con su actividad judicial parecía que a D. Baltasar le quedaba alguna duda de la muerte del anterior Jefe del Estado. Y es que en Derecho, el conocimiento público o notoriedad de un hecho lo exime de la necesidad de su prueba. Lo evidente no tiene que ser probado. Entonces ¿Qué se ocultaba ya en aquel año 2.008 bajo la losa de mármol de El Valle de los Caídos? Quizá lo sepamos ahora gracias al PSOE, si consigue que se levante para convertir el pedregal serrano en parque temático en esa “reorientación” del mausoleo de Cuelgamuros.
Sin embargo Garzón, sin saberlo y en su incansable afán de protagonismo, antítesis del prudente comportamiento que a todo juzgador debe adornar, daba en el clavo abriendo una puerta que nos asoma a un abismo insondable. ¿Está de verdad Franco muerto? Porque si resulta evidente que el antiguo inquilino del Pardo no respira, si hay prueba constatable de que su obra permanece, remozada tras el pacto constitucional del año setenta y ocho.
El paso de la dictadura de partido único a la de varios partidos de estado en los que el hecho biológico de la muerte es el único que aparta a los antiguos oligarcas de su lugar en ese Estado, y en cuya jefatura se coronó a quién directamente designó el tirano, también son evidencias que hacen prueba plena de que en España, tantos años después, sigue sin existir Democracia.
