PEDRO M. GONZÁLEZ
El ordenamiento jurídico español define al fiscal como neutral defensor del interés público. Al contrario que en el sistema norteamericano, en que se configura como acusador (el estado de Arkansas contra el ciudadano Smith, por ejemplo) en España su estatuto orgánico le obliga a mantenerse en el fiel de la balanza, siendo su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del reo o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso, e interesar su libre absolución o la menor penalidad. Tal función de arbitrio en el derecho público, en puridad, se distingue tan sólo de la del juez por la ausencia de capacidad dirimente y ejecutiva sin que resida en el Fiscal potestas jurisdiccional, situándolo en estrados como parte procesal.
Sin embargo, tal función de garante imparcial es imposible por la estructura jerárquica de su organización, con una cúspide en la que se sitúa un Fiscal General del Estado designado por el Presidente del Gobierno en su plena facultad decisoria. Por tanto, a nadie debiera extrañar que tal puesto sea inevitablemente ocupado por personas dóciles a la voluntad gubernamental, y que luego transmita a sus inferiores las órdenes oportunas para el posicionamiento de quien debiera ser imparcial postulante, que se convierte de esta forma en auténtica marioneta de la voluntad política suprema. La labor del Fiscal se confunde así con la del Abogado del Estado.
Pero ahí no queda la cosa. Si ya las Circulares, Instrucciones, Consultas y régimen disciplinario de la Fiscalía General del Estado ponen coto a la actuación de los fiscales, es directamente el Ministerio de Justicia quien determina su movilidad geográfica y nombra a tenientes fiscales y fiscales jefe, cúpula y enlace en las distintas demarcaciones territoriales y órganos jurisdiccionales colegiados.
Así, difícilmente puede sostenerse la función de garante independiente del Ministerio Público, en la que Gallardón se apoya para sostener su nuevo Código Procesal Penal que sustraerá la instrucción de las causas penales a los jueces para entregarla a la Fiscalía, dotándola de facultad jurisdiccional para investigar los hechos de trascendencia penal.
