PACO BONO SANZ
Quien no se despoje de las falsas pasiones jamás poseerá un criterio acertado sobre el origen y las consecuencias de los hechos acontecidos a lo largo de la historia. El hecho de que el rey camine o deje de hacerlo no es noticia, pues las piernas de Juan Carlos no son las piernas de España, sino las de su corrompida majestad. Poco avanza esta patria descosida por las falsas rupturas de la transición, ese remiendo constituyente realizado en la sombra, sin previa información ni libertad, que tenía como fin la adaptación de la dictadura a la socialdemocracia europea: la instauración de una oligarquía de partidos. Para ello, el rey traicionó, primero, a su padre, luego, a Franco y, por último, a los españoles. Esta trinidad traidora fundó el espíritu del consenso político, onda expansiva por la que los partidos renunciaron a lo que habían sido y desertaron de sus ideales a cambio del reparto del poder estatal y de una indefinida subvención para sus organizaciones. De manera tan atroz se instauró este régimen de usurpación y frustración. El terror de ETA y el nacionalismo español y antiespañol sirvieron de argumento para la aceleración del proceso de multiplicación de los panes franquistas a costa de un acobardado pueblo español, atemorizado por la proclama del ruido de sables. El hasta entonces partido único estatal se multiplicó en una docena, y el único sindicato estatal se dividió en dos. Todos ellos abandonaron la sociedad civil para convertirse en órganos del Estado al servicio del nuevo régimen.
La unión entre el franquismo y la socialdemcracia se confirmó un 6 de diciembre, fecha en la que se aprobó la nueva constitución, redactada en los sótanos del Estado por falangistas y traidores sin escrúpulos; una carta magna que no separaba los poderes del Estado y que aseguraba la impunidad del Rey y el control político por parte de los nuevos organismos estatales. ¿De qué otra forma habría de funcionar semejante farsa antidemocrática sino a través de la corrupción? ¿Acaso cabía esperar otro resultado para esta estafa que la crisis política, económica y moral que hoy sufre España en su conjunto?
El hecho de que quienes se lucren con el régimen de Juan Carlos voten a los partidos estatales no deja de ser inmoral, pero tiene su lógica. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las víctimas de esta trama estatal, personas dignas y honradas, patriotas con sentido común, racionales, eternos aspirantes a la libertad, cualquiera que sea su ideología social, continúen participando en las falsas elecciones del régimen de la corrupción y la traición, resulta escandaloso e incomprensible. ¿No distinguen entre el bien y el mal? ¿Son incapaces de razonar acerca de las consecuencias de esta gran mentira estatal? Algunos filósofos e intelectuales frustrados engañaron a nuestros padres y abuelos predicando la infame afirmación de que la Nación era discutible, que su existencia dependía de la voluntad nacional. Mientras el Estado permanecía como un ente superior inamovible e inaccesible para la sociedad civil. Qué daño ha ocasionado esta falsedad. Como dice Don Antonio García-Trevijano: “la raíz de las disparatadas opiniones, que provoca la tenebrosa confusión entre Nación y Estado, se encuentra en la persistencia cultural del concepto subjetivo y prefascista de Nación, que va del “plebiscito diario” de Renan, importado por Ortega como “proyecto sugestivo de vida en común”, hasta la falangista “unidad de destino en lo universal” de José Antonio. Para los nacionalistas, la Nación es un proyecto que idear y hacer, una creencia que depende de la voluntad, una ambición de sueños imperiales”. No elegimos ser Españoles, como tampoco podemos elegir a nuestros padres. En cambio sí podemos someter al Estado, esa mole colectiva sostenida con nuestros impuestos, ese núcleo de latrocinio y de inmoralidad, que se puede y se debe doblegar a través de la libertad colectiva, única garante de los derechos individuales. Para que la sociedad sea libre, el Estado debe permanecer sujeto a las reglas de la democracia; que son tres: la separación de poderes de raíz, la representación ciudadana y la independencia judicial.
