PEDRO M. GONZÁLEZ
Cuando la Justicia se suplica y las sentencias se dictan en nombre del jefe del estado, el derecho se convierte en simple gracia administrativa. Más allá de meros formulismos rituales, tales expresiones forenses son anuncio y advertencia para quien a ella acude.
Acompañado por el Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, D. Juan Carlos I presidió en Barcelona el pasado 21 de Mayo la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Además de por el ministro, el monarca compartió el acto con el presidente de la Generalidad, Sr. Mas, el Presidente del Tribunal Supremo y de Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, y el Presidente del Tribunal Constitucional D. Francisco Pérez de los Cobos.
En su discurso el Rey pidió a los nuevos jueces que se volcaran en “proteger y tutelar los valores y derechos que la constitución consagra y protege”.
Curiosa llamada al cumplimiento de un texto que sólo garantiza que la política designe y retribuya a la Justicia, como escenificó la fotografía final de los protagonistas del totum revolutum de la inseparación de poderes que son ejemplo vivo de la vacuidad del discurso regio. Tal valor digno de protección sólo puede referirse al pacto entre la jurisdicción y la política elevado a la categoría de razón de estado. Del rebus sic stantibus de esta monarquía de partidos. Y no se romperá mientras no estén separados en origen los poderes del estado.
Es la seguridad jurídica de que el crimen de estado jamás será castigado, el latrocinio administrativo en masa permanecerá impune y la corrupción de la justicia será retribuida convenientemente en el escalafón en función del cumplimiento de las órdenes, expresas o no, del jefe. Parece no importar. Caminemos pues, ciegos, hacia otro pacto por la justicia que dure no ciento cincuenta, sino mil años.
