La nación tiene derecho a elegir quién gobierna el estado. Uno de los principales problemas que soportamos y que impiden a los ciudadanos apercibirse de la realidad es la confusión existente acerca de qué es el estado y qué es la nación. Si lee usted el periódico, escucha los informativos en la radio o los ve en el televisor, habrá comprobado en incontables ocasiones que todos los portavoces de los partidos, sindicatos y patronal estatales -así como los todólogos de las tertulias- utilizan las voces “estado” y “nación” como si fueran sinónimas. Pues bien, no lo son.

Así pues, partamos de esta distinción para mejor llegar al gobierno sencillo. El nación y el estado no son huevo y gallina, la Historia sabe bien quién surge antes y quién después. La nación es la reunión de cada uno de los individuos que forman parte de ella. Esto es, la nación está compuesta exclusivamente por seres humanos. Así podemos hablar, por ejemplo, de la nación francesa, de la inglesa, de la portuguesa y también de la española. Cada una de estas naciones es el resultado de la suma de sus naturales. De aquí que las personas tengamos nacionalidad (y no estatalidad), que es la cualidad mediante la que se expresa la pertenencia de un individuo a una u otra nación.

El estado es cosa bien distinta: es la suma de los tres poderes que lo componen (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y las instituciones que surgen de cada uno de estos poderes para su propia gestión. Esto es, el estado está compuesto de instituciones que son gestionadas por seres humanos. Aún así, existe una muy cercana relación entre ambos: el estado es la personificación jurídica de la nación, que se vale de la acción de su gobierno para adquirir compromisos o contraer acuerdos con otros estados.

Brevemente, diremos que el estado está compuesto de instituciones mientras que la nación lo está de personas. Hecha esta distinción, veamos ahora cuáles son las atribuciones de uno y otro: de qué inmorales medios se vale la partitocracia juancarlista para gestionarlos, por un lado, y cuáles habrían de ser estos medios, por otro lado, para rehabilitar la dignidad de la república española.

El juancarlismo ha mantenido el estado totalitario -y autoritario- del que es heredero. El totalitarismo franquista se perpetuó con la fuerza de las armas. El totalitarismo neofranquista que caracteriza al juancarlismo se vale del engaño para producir el mismo resultado. El franquismo prohibió los partidos políticos y se dotó de un partido único integrado en el estado. El juancarlismo, por su parte, se arrogó -ilegítimamente- la capacidad de dar la consideración de legal a los partidos políticos; no obstante, se dio buena prisa en liquidarlos subrepticiamente mediante su integración en el estado a través de dotaciones presupuestarias públicas a los partidos: el estado compró a los partidos políticos, lo que los convirtió en partidos estatales. Y los partidos políticos se dejaron comprar por el mezquino dinero y abrazaron su estatalización, que perdura hasta la actualidad. El mismo proceso se repitió con los sindicatos y las asociaciones patronales.

¿Cuál es el resultado de la estatalización de partidos, sindicatos y patronal? El consenso. ¿Qué gana el estado con ello? La neutralización, desactivación, secuestro y control por parte del estado de la libertad política de los ciudadanos y de la lucha de clases, cuya existencia se niega constantemente desde todos los ámbitos del estado y sus órganos de comunicación adictos. El consenso es la negación de la existencia de intereses enfrentados. El consenso es la negación de que sus intereses y demandas de usted, amigo lector, están enfrentados a los de la banca o las eléctricas. El consenso es la afirmación de que lo que beneficia a la banca o a las eléctricas le beneficia a usted. Este colosal fraude político es lo que usted fortalece cada vez que deposita un sobre en una urna, con independencia del sentido del voto.

La estatalización de los partidos unida al sistema electoral proporcional y a la no separación de poderes produce como resultado un estado totalitario que impide a la nación toda forma de expresión de sus demandas: los electores no pueden elegir nada porque las listas electorales se lo impiden (da igual que las listas sean cerradas o abiertas); los trabajadores no tienen quien defienda sus intereses frente a los de sus empleadores; y los empresarios crean asociaciones patronales que tienen como único objetivo embutirse en el estado y lucrarse con el dinero procedente de nuestros impuestos que el estado les regala.

¿Cuál es la realidad del sistema de elección del gobierno en la actualidad? La prensa del régimen juancarlista le dirá que son los electores los que eligen. Y lo harán aún a sabiendas de la falsedad de esta afimación. Esta es la realidad: los jefes de partido hacen las listas electorales con aquellos colaboradores que le son obedientes; los integrantes de la lista que son convertidos en diputados por gracia de una ecuación -¡y no de los votos!- no serán leales más que a aquel a quien deben su cargo y que es el jefe de su partido; sólo los diputados tienen derecho a votar quién ha de ser presidente del gobierno; los diputados sólo votan a quien les ha hecho diputados, el jefe de su partido. De este modo, todos los presidentes de gobierno de España de los últimos 35 años se han elegido presidentes a sí mismos. La participación de los electores en este proceso se limita establecer la proporción de poder que cada plataforma ideológica del estado tendrá durante los siguientes cuatro años.

Quien engaña, realiza un acto inmoral. Quien, a sabiendas, permite que le engañen, también.

El único medio digno de elección del gobierno es aquel en el que son exclusivamente los electores los que deciden quién habrá de formar gobierno. ¿Cómo? Que quien aspire a ser presidente del gobierno dé un paso al frente y así lo haga saber; que los partidos apoyen a uno u otro aspirante; pero sólo las personas pueden aspirar a formar gobierno. Si un partido se arroga la capacidad de formar gobierno seguiremos enfermos de totalitarismo, una dolencia que nos aqueja desde hace ya más de 75 años.

El gobierno sencillo es aquel que forma la persona -no el partido- que ha recibido la mayoría absoluta de los votos emitidos, a doble vuelta si fuera necesario.

Los ciudadanos tenemos derecho a elegir nuestro gobierno. Y si vergonzoso es vernos obligados a recordarlo, es una infamia que hacerlo hoy sea clamar en el desierto.

Los ciudadanos tenemos derecho a elegir nuestro gobierno.