ROBERTO CENTENO
La crisis griega cerrada en falso en el último minuto es una señal inequívoca de la vulnerabilidad de nuestra economía, a la que los inversores tienen en su punto de mira y que a la menor duda dispara nuestra prima de riesgo, ya que no en vano tenemos el segundo déficit público más elevado de toda la UE, y eso que de momento el enorme déficit de la Seguridad Social no se contabiliza porque se está cubriendo con la caja de las pensiones; una deuda pública que aunque no es la más alta ya es imposible de devolver –148% del PIB la deuda total o pasivos en circulación o 130% la deuda computable, más los 330.000 millones de deuda oculta que denuncia Bruselas, aparte del 100% de la deuda externa neta la mayor del mundo desarrollado–, y además el paro juvenil y de mayores de 55 años no solo es el mayor de Europa, sino el más elevado de toda la OCDE. Solo el río de dinero del QE entregado sin control alguno mantiene la falsa apariencia de “normalidad”.
Y es que España tiene un problema político estructural que nos ha llevado a crecer muy por debajo de nuestro potencial en el pasado y nos llevará a la ruina sin la menor sombra de duda en el futuro. Cualquier análisis económico sobre España que no empiece por tener en cuenta que el actual modelo de Estado, que representa un despilfarro anual en relación a un Estado descentralizado equivalente al 10% del PIB, es una estafa intelectual incapaz de explicar nuestro futuro. Y esto no es un juicio de valor: son matemáticas. El problema de España, el futuro de nuestros hijos, es un modelo de Estado tan disparatado que es único en el mundo, y donde los dos tercios de gasto público –excluida la Seguridad Social– son descentralizados; que compara con solo un tercio del gasto descentralizado en los Estados federales, algo que España ni siquiera es.
Pero no solo se trata de un modelo de Estado imposible de financiar, es que su ineficiencia de gestión resulta abrumadora. Donde antes había una persona hoy hay 17; en lugar de caminar todos en la misma dirección se camina en direcciones opuestas. Es más fácil mover productos e instalar empresas entre países de la UE que entre CCAA, donde existen 300.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normativas destinadas a destruir el mercado único, a fragmentar España. La insolidaridad entre comunidades es total. ¡Se blindan hasta los ríos! Los proyectos más absurdos, las inversiones más disparatadas, las duplicidades de todo tipo, el nepotismo y la corrupción, tanto institucional como personal, encuentran el entorno más favorable que pueda imaginarse para crecer sin límite ni control. No hacen falta muchos cálculos para ver que el Estado autonómico será la ruina de España.
El modelo de Estado debe ser sometido a referéndum
El origen del Estado de las autonomías es claro e inequívoco: una imposición a los españoles derivada de las ansias de enriquecimiento y relevancia social de los “padres” de la Transición, unos irresponsables sin el menor sentido del Estado, cuyo pistoletazo de salida fue el “café para todos” del mediocre Suárez, uno de los mayores desatinos de la historia de España. Este grupo de insensatos, de los que Camilo José Cela dijo que, “si tuvieran honor se habrían pegado un tiro”, puso en marcha un mecanismo infernal único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventaron diecisiete autonomías contrarias a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos valen hasta cinco veces los del resto de los españoles.
Para entender los graves problemas estructurales que este modelo de Estado representa, hay que tener un mínimo de conocimientos económicos, que parecen inexistentes en la gran mayoría de tertulianos, analistas y políticos en general. El primero es que, tal y como se demuestra en la estructura económica de España, cada puesto creado en el sector público destruye 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si se eliminan todos los empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, que son unos dos millones, eso crearía 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que significa una creación neta de 3 millones de empleos. Y, sin embargo, una de las estupideces más repetidas es que, si se eliminan empleos públicos innecesarios, subirá el paro. El paro juvenil es el mayor del mundo desarrollado, peor incluso que en Grecia –el 53% frente a una media del 15%–, y esto es consecuencia directa del modelo de Estado.
Otro hecho estructural que agrava lo anterior es que España no solo es uno de los pocos países de la OCDE en los que la media salarial del sector público supera a la del sector privado, es que la diferencia es la más elevada. El sueldo medio en el sector público en 2013 fue de 39.907 euros brutos anuales (1) frente a 25.983 en el sector privado (2). Las CCAA son las que tienen los sueldos más elevados, particularmente en las empresas públicas. La Administración Central, la que de verdad lleva España, es la que tiene sueldos más bajos, entre 1.217 y 2.160 euros mensuales. Y si vamos a los 20.000 asesores a dedo estamos hablando de 7.500 euros mensuales, o por ejemplo, los chóferes de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, absolutamente innecesarios, 3.750 euros. La relación entre empleados públicos y privados el del 20,4% (la más alta de la OCDE), pero la relación entre masa salarial pública y privada es del 31%. No hay forma de justificar esto ni ante el pueblo español ni ante nadie.
La nueva concejalía de Economía y Hacienda de Madrid acaba de crear unaSubdirección General de Auditoría de la Deuda y de la Gestión Pública –a cuyo frente ha colocado a una profesora de Economía de la Universidad Complutense–, que empezará a funcionar en octubre, y que esperemos ponga en claro cómo y por qué se ha gastado el dinero público y por qué somos la capital más endeudada de Europa. Los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes han despilfarrado nuestro dinero, algo que nos ha costado sudor y lágrimas. Si para entrar o salir de la OTAN se consultó al pueblo español en un referéndum vinculante, ¿con cuánta más razón debe de ser consultado en un tema como el Estado de las autonomías, del que depende la riqueza o la pobreza de toda la nación? Esto es lo primero que los partidos emergentes deberían poner sobre la mesa: no hay nada absolutamente más importante que eso para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos.
La estrategia electoral del PP: la negación de lo evidente
El viernes, en una celebración de cumpleaños, coincidí con Rafael Hernando, actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y discutiendo sobre la actual situación económica y política de España, me quedé asombrado del discurso con el que Rajoy pretende engañar una vez más a los españoles. Ignoro si Rafael Hernando cree lo que dice o simplemente cumple con su obligación, aunque doy fe que lo hace con una gran vehemencia. El tema me parece muy relevante por cuanto la posición de Hernando es la más autorizada del Partido de Rajoy (antes PP) de cara a las elecciones generales, y lo primero es poner de manifiesto la técnica que están empleando para engañar a los ciudadanos, y que consiste en utilizar en cada caso una variable económica que vaya bien y construir sobre ella su discurso triunfalista, ocultando a la vez todas las que van mal y que al contemplarlas juntas cambia completamente el resultado de lo que dicen demostrar.
El tema central es ya archiconocido y está en todos los medios sin que nadie se moleste en analizarlo: la economía española está creciendo, luego estamos saliendo de la crisis. Y la variable empleada para demostrarlo es el PIB a precios constantes, que para empezar ni siquiera mide la riqueza creada porque no tiene en cuenta el efecto de nuestra caída de precios, que es la mayor de la UE. Pero incluso el PIB a precios de mercado, que mide la riqueza creada, está creciendo, por tanto es cierto que crecemos, menos de lo que dicen, pero crecemos. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es tan sencillo que hasta un niño de primaria puede entenderlo: si, como ocurrió en 2014, para crear un euro de riqueza nos hemos tenido que endeudar en más de siete, España no camina hacia la recuperación, sino a la ruina.
Si en vez de 2014 consideramos todo el periodo de gobierno de Rajoy, la creación de riqueza no solo no se ha incrementado, sino que se han perdido 61.000 millones en tres años, y únicamente en 2015 el PIB pm superará ligeramente al de 2011, y para ello esta segunda plaga bíblica que es Rajoy (la primera fue Zapatero) ha elevado nuestra deuda total en 590.000 millones y nuestra deuda exterior neta ha sufrido el mayor aumento desde que empezó la crisis. Pero es que además el crecimiento de 2015 es en buena parte artificial, consecuencia del incremento de la demanda interna arrastrada por el tirón del gasto público por razones electorales –tenemos el mayor déficit público de la UE, excluido Chipre, algo que me negaba Hernando sin que le temblara la voz cuando es una cifra oficial–, las previsiones de crecimiento del FMI y de la Comisión se van encogiendo hasta el 1,8% en 2017 y el 1,7% hasta 2020. La realidad es que, digan lo que digan en el PP, España ya no podrá remontar esta situación sin un rescate.
El punto siguiente con el que sacan pecho son las exportaciones. Las exportaciones crecen cada año, luego vamos de cine. De nuevo la misma táctica de engaño, utilizar una variable aislada y ocultar el resto. En primer lugar, aunque las exportaciones crecen, lo han hecho a un ritmo muy inferior al de la época de Zapatero, del +13% en 2011 al +2,2% en 2014, y ello a pesar de que el euro se ha devaluado un 25% respecto del dólar. O sea, una gestión exportadora desastrosa a pesar de las fuertes reducciones salariales. Pero luego viene lo peor. Lo relevante no son las exportaciones, sino el saldo exterior, la diferencia entre exportaciones e importaciones, y la situación es que las importaciones están creciendo mucho más, por lo que su aportación al PIB es negativa, y eso teniendo en cuenta la caída a casi la mitad del precio del petróleo, lo que ya es el colmo. Es decir, el patrón típico de la economía española no ha cambiado lo más mínimo. El sector exterior sigue siendo un factor restrictivo del crecimiento, justo lo contrario de lo que afirma Hernando.
Y finalmente, el otro tema estrella es la “bajada de impuestos”. De nuevo misma táctica: hablan hasta la extenuación de la bajada del IRPF y se olvidan del resto de impuestos. La realidad es esta: la bajada chapuza de Rajoy, porque técnicamente no es posible bajar el IRPF a mediados de año porque lo ha decidido el señorito para comprar votos, cuando quiera que sea efectiva supondrá con las realizadas ya una reducción del IRPF de 1.300 millones. Cifra que compara con un aumento de impuestos del conjunto de AAPP de 36.000 millones de euros desde 2012 según la Agencia Tributaria, y además los impuestos autonómicos y municipales subirán en más de 1.200 millones. Y luego nada dicen de los temas que más afectan al bienestar de las familias, nada del reparto más injusto de la renta y la riqueza de la OCDE, nada de la quiebra del sistema de pensiones que anunció el gobernador del Banco de España en sede parlamentaria, nada de que los salarios no subirán un euro, y nada de 500.000 parados adicionales que en 2015 se quedarán en la cuneta sin cobertura alguna.
Y finalmente, el colmo de lo inaudito, Cataluña, donde un presidente de gobierno permite el incumplimiento diario de la Constitución y de la Ley,permite utilizar la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, financia con nuestro dinero la secesión, tanto que se ha convertido con su dejadez y su cobardía en el colaborador necesario más importante en el proceso de ruptura de España, algo que está penado con cárcel en el Código Penal. Juró que no se celebraría el referéndum independentista, y cuando se celebró, en lugar de impedirlo con la ley de la mano se escondió como un conejo asustado.
(1). La masa salarial de los empleados públicos fue de 116.090 millones de euros, y su número 2,9 millones.
(2). La remuneración de los asalariados en España fue de 490.253 millones de euros, por tanto la correspondiente al sector privado de 374.163 millones, y los ocupados 14,4 millones.
