Ya estableció Aristóteles que la oligarquía sustituye a la dictadura como forma de gobierno. Es de esta oligarquía entendida como grupo de intereses de donde nace la corrupción, que en España se ha convertido en factor necesario de gobierno. Desde la jefatura del Estado hasta las alcaldías, pasando por los variopintos parlamentos, y diputaciones, allí donde rigen los partidos del régimen se ha establecido un régimen clientelar que exige la sumisión al jefe del partido y su camarilla, a cambio de una porcioncita del pastel del Estado que se roba a los ciudadanos, perdón, súbditos, vía exacción fiscal, y de las mordidas que se puedan buenamente trasegar. Así, la misma Carta otorgada de 1978 que padecemos excluye que nadie pueda participar en la vida política si no pertenece a un partido del régimen, por lo que tal actividad se convierte en un embudo por el que solo pasan unos pocos, cuya mediocridad e inmoralidad será garantía de éxito en su carrera política.
Tal inmoralidad se contagia de arriba abajo a la sociedad civil, creando estamentos intermedios de grupos de privilegiados, menos prebendados cuanto más numerosos, que tienen la función de servir de defensa del statu quo, y de ejemplo de cara a la sociedad civil de cuál es el modo -inmoralmente- correcto de medrar en España.
Un ejemplo de esto puede ser la Universidad española, ninguna de las cuales figura en la clasificación de las 100 mejores del mundo; una situación sorprendente para la antaño octava potencia industrial del mundo. Menos sorprendente, sin embargo, si se piensa en su funcionamiento interno, que parece calcado en diversos aspectos del de los partidos del Estado. Así, el proceso de elección de los docentes es escandalosamente endogámico, con tribunales mayoritariamente formados por miembros de cada institución, por lo que el candidato “de la casa”, en tanto que cuente con el favor de sus padrinos, obtendrá “su” plaza, independientemente de sus méritos. La mediocridad y el servilismo pueden ser, en ocasiones, factores determinantes tanto en un cursus académico como político. Si a esto se une la escasa docencia (danse incluso escándalos como los de los catedráticos que envían a sus becarios a dar clase por ellos, tragando éstos con tal abuso por su ambición de hacer carrera), los permisos ad libitum, las subvenciones sin auditoría, la indefensión total del alumno ante la posibilidad de calificaciones arbitrarias, y la no necesidad de justificar una labor investigadora para cobrar elevados sueldos, puede entenderse que, en ocasiones, la universidad sea el lugar donde el joven aprende -lejos ya del control férreo que se puede ejercer sobre el profesor de Enseñanza Media- la necesidad de la picaresca, de la sumisión ante la arbitrariedad, y de la mediocridad voluntaria si se quiere hacer una carrera, primero, en los “templos del saber”, y, luego, si se tercia, en la política partidocrática.
