LORENZO ALONSO.
Los días 22, 23 y 24 de noviembre se celebró en Ávila el “I Congreso de Economía y Libertad”, un acontecimiento que sucede a las “Jornadas de Pensamiento Económico” que venía realizando en años pasados la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Este año ha colaborado con ella el Instituto “Juan de Mariana”. Este congreso ha tenido el ambicioso título de “La gran recesión y sus salidas”.
Los ejes temáticos de dicho congreso han estado protagonizados por la palabra crisis: crisis global y crisis española, crisis monetaria y del euro, crisis de las instituciones y de las personas, crisis ética y política, y crisis de paradigma.
Al finalizar el Congreso, el presidente del mismo, Carlos Enciso leyó “El Manifiesto de Ávila de los economistas españoles”. Está firmado por economistas ilustres como Juan Velarde, Dalmacio Negro, Victoriano Martín, Carlos Rodríguez Braun, Tomás Raga, León Gómez, Juan Ramón Rallo, José Ignacio del Castillo, Francisco Cabrillo, y así hasta cincuenta. Éste pequeño documento resume ocho ideas fundamentales que deberían servir de guía a la política española en general, pues algunas recomendaciones trascienden lo meramente económico, y a la política económica en particular.
1.- Disminución considerable del peso y competencias del Estado y demás administraciones públicas dando entrada al mercado en la provisión y producción de bienes y servicios de bienestar social. En diversas ocasiones hemos cuantificado su volumen, en concreto para el ejercicio de 2011 las operaciones no financieras de esas Administraciones Públicas representaban el 43% del PIB. Y eso que en dicha magnitud no está incluido todo ese bosque de Sociedades, Entes, Fundaciones y demás que se financian de ellas.
2.- Tras el inicio de la reactivación será preciso vincular a ésta una disminución de la presión fiscal, especialmente la que desincentiva el trabajo, la generación de beneficio y el ahorro. Es una lógica consecuencia que se deriva de la disminución del Sector Público, ya que habría menos necesidades de financiación para hacer funcionar su maquinaria.
3.- Aligerar y agilizar el contexto normativo de manera que se facilite la toma de decisiones de los agentes económicos. Una petición lógica ya que la producción de normas y regulaciones de carácter económico por los tres niveles de la Administración Publica española es una autentica locura. Muchos inversores nacionales y extranjeros piensan que iniciar un proyecto en la España actual tiene un sobrecoste insoportable.
4.- Restauración de la unidad de mercado. Una evidente consecuencia de la medida anterior, porque cada uno de los 17 “miniestados” que tenemos ha montado multitud de trabas (autorizaciones, concesiones, licencias, etc.) que impiden o retrasan la libre circulación de bienes y servicios en el territorio nacional.
5.- Reforma urgente de la organización territorial del Estado a fin de posibilitar el control del gasto público y evitar la multiplicación de organismos públicos, dejando claro cuáles son las funciones que debe desempeñar el Estado, cuáles los gobiernos autonómicos y cuales los ayuntamientos. En muchas ocasiones hemos manifestado que uno de los mayores problemas económicos de nuestra nación es la actual organización territorial del Estado, en la que sobran órganos y organismos en todos los niveles. Es más, sobran varios niveles en su totalidad.
6.- Liberalización y flexibilización de los diferentes mercados tanto de bienes y servicios como de factores productivos. El exceso de regulaciones y protecciones crea ineficiencias y economías de invernadero. Pero las liberalizaciones realizadas a favor de grupos conocidos de los dirigentes puede hacer del Estado “un gran centro de negocios” (Dalmacio Negro).
7.- Reformar las Universidades, sean públicas o privadas, dando entrada a criterios de mercado a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones. Solamente una reorganización seria de las Universidades públicas españolas para ajustar la oferta de titulaciones a su demanda y al mundo actual (al estilo del Instituto Tecnológico de Massachusetts [MIT], o el Instituto de Tecnología de California [Caltech]) lograría evitar ineficiencias, calculadas en más de 2.000 M€, según ha puesto de manifiesto la Fundación Conocimiento y Desarrollo (“Informe CYD 2010. La contribución de las Universidades al desarrollo”).
8.- Reforzar, de una vez por todas, la separación de poderes del Estado a fin de que una verdadera independencia del poder judicial garantice la administración de justicia y el cumplimiento de las leyes. El cumplimiento de los contratos, la seguridad de las normas y la garantía de su permanencia son pilares del desarrollo económico. Abogar por la separación de los poderes del Estado en un documento económico es digno de elogio y congratulación, porque es uno de los ejes básicos de la República Constitucional que algunos perseguimos desde hace varios años.
