ROBERTO C. INSÚA.

Los acuerdos gestados en las primeras sociedades desarrollaron la cultura de la legalidad, encaminada a armonizar la convivencia  en la resolución de conflictos.

Formada la actual organización del sistema jurídico en los parámetros  del poder legislativo, no se pueden anteponer las normas legales a los valores legítimos. Cuando una  ley se incumple sistemáticamente por la ciudadanía  suele ser injusta ineficaz o poco valida, pues no responde a las demandas de la colectividad. Por tanto no acatar las bases jurídicas es una decisión auspiciada por lo que moralmente es aceptable, y está por encima del mal llamado imperio de la ley, un sistema de organización disciplinaria de un determinado ámbito.

Un pueblo que se levanta y quiere ser dueño de su futuro cuida la dimensión ética de sus ideales y estos son aprobados socialmente.

Preservar la subsistencia dignamente es motivo entendible y justificable, y nunca puede ser sustituida por leyes injustas que quieren aprisionar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La desobediencia civil tiene su razón de ser cuando la casta política desprecia las demandas de la sociedad; se arma de violencia legal, da la espalda a  la realidad de la vida mundana y a las emergencias sociales que viven los ciudadanos. La humanidad con la acción responsable y comprometida de las bases del pueblo promueve el cambio de leyes, y en muchos casos crean jurisprudencia.

Las personas que formamos parte del tejido social tenemos el derecho y la obligación  de recurrir a las acciones que protejan la vida por encima del poder político y/o judicial, cuando estos no resuelven las demandas de la sociedad.