PEDRO M. GONZÁLEZ
Corría el año 2.008 cuando Juez Federal de Nueva York Danny Chin enviaba a prisión de forma inmediata al financiero de Wall Street Bernard Madoff tras declararse culpable de once delitos relacionados con la mayor estafa en la historia de Estados Unidos, un fraude que fue valorado en 50.000 millones de dólares. El Magistrado acordaba enviar a la cárcel al veterano inversor, que disfrutaba hasta entonces de su arresto domiciliario en un exclusivo apartamento del Upper East Side de la Gran Manzana. Allí esperó a conocer su sentencia que le condenó a penas que sumaban hasta un total de 150 años de prisión.
Madoff se declaró culpable de todos los delitos imputados, desde fraude con acciones, fraude en asesoría financiera, fraude en trasferencias bancarias, fraude postal, perjurio, falso testimonio, dar información falsa a la SEC, robo de fondos de inversión de sus trabajadores y tres delitos de blanqueo de dinero. “Operé un esquema Ponzi durante años”, admitió Madoff en su comparecencia ante el Juez Chin. “Siempre supe que este día acabaría llegando”, añadió.
Al contrario, los aprendices de Madoff españoles no esperan el día de su entrada en prisión que ni siquiera pueden imaginar sino que se sienten inmunes hasta el punto de exigir la subvención pública del fraude. Y no es casual la deficiente configuración del delito económico en nuestro ordenamiento jurídico, sino escenario mismo de una misma forma de entender tanto la Justicia como los negocios, lo público y lo privado.
La mayoría de las variedades delictivas imputadas a Madoff ni siquiera existen en nuestro Código Penal siendo la política legislativa precisamente la despenalización de las patologías socio-financieras. Librar cheques o pagarés en blanco, antes delito, se despenalizó para remitir a un procedimiento civil destinado en la mayoría de las ocasiones a la obtención de una Sentencia tan bonita como inejecutable. La legislación societaria favorece la proliferación de miles de sociedades sin más razón de existencia que la limitación de la responsabilidad personal de sus socios de forma fraudulenta en perjuicio de acreedores y trabajadores.
El encarcelamiento de Madoff ha sido acogido por la sociedad civil norteamericana con un suspiro de alivio. La clase política española, respiró al fin tranquila tras la revocación de la condena a penas de prisión de Los Albertos por el Tribunal Constitucional por sus imprevisibles consecuencias.
