PEDRO M. GONZÁLEZ
El exjefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional de Sevilla (UDYCO) Francisco R.B. afirmó que le destituyeron de su cargo por no prestarse a hacer la vista gorda a las andanzas económico-criminales del hijo del ahora imputado Chaves. El mando policial aseguraba que la investigación sobre las actividades ilícitas de Iván Chaves fue boicoteada desde dentro de la propia policía hasta quedar totalmente bloqueada. Según el que fuera agente responsable de las indagaciones sobre la intervención del hijo del político andaluz en el fraude del Plan Bahía Competitiva de Cádiz, recibió instrucciones de realizar una “faena de aliño” acusando directamente de ello al Comisario Jefe de la Policía Judicial D. Manuel Piedrabuena.
Las acusaciones de proteger en las pesquisas al hijo del expresidente andaluz constan negro sobre blanco en un informe evacuado en investigación interna policial para aclarar lo sucedido. En el mismo, el mando de la UDYCO ahora apartado del caso denuncia como tras recibir la consigna de no ahondar en las diligencias se multiplicaron los impedimentos y cortapisas que incluyeron la negativa a realizar si quiera la de inspección ocular del despacho de Iván Chaves siguiendo el rastro de los veinticinco millones defraudados en que se cifran los hechos.
No se trata éste de un simple caso de corrupción policial sino que ejemplifica la de orden institucional ante la inexistencia de una auténtica Policía Judicial dependiente tan sólo de Jueces y Magistrados independientes que ejerzan la función jurisdiccional con separación en origen. Sin esa verdadera Policía Judicial quedará siempre en agua de borrajas toda investigación de ilícitos cometidos en ejercicio del poder político y sus alrededores, al depender en última instancia de éste, que naturalmente pone todas las trabas posibles al esclarecimiento de hechos delictivos. Las ataduras de la Justicia al Poder único del Estado de Poderes Inseparados son múltiples y van más allá del control directo sobre los Jueces forzando y condicionado la actuación de todos los operadores jurídicos e intervinientes en el proceso judicial.
La ausencia de una auténtica Policía Judicial y la configuración de la única existente como cuerpo exclusivamente administrativo, dependiente del poder oligocrático de los partidos, pervierte la seguridad pública y el orden cívico como bienes jurídicos deseados y los transmuta en simple brutalidad incontrolada o, como es el caso, en seguro de impunidad. Poco importa que se trate de policía estatal, autonómica, local o aún fiscal, ya que la diversidad administrativa no supone separación en el ejercicio del monopolio de la fuerza, sino sólo multiplicar su actuación arbitraria en función del amo a quien sirven.
