ROBERTO C. INSUA.

Gobernantes sinrazón hacen crecer el caos por la degradación en las funciones ejecutivas y el agotamiento de las vías legales.

Usurpados los derechos inherentes de los débiles a la vida digna, la ciudadanía consciente de que el sistema de reglas establecido por los gestores legales no responde a las necesidades sociales, se levanta en contra el abuso sistemático de los poderes públicos. Lideres sociales obligados moralmente a defender la justicia social han trasladado la presión social pacífica al ámbito laboral y social de los decisores. Esta acción reivindicativa actúa de forzamiento ético contra la desmedida en la aplicación de las leyes. Los mecanismos de protección de la vida no han funcionado y la inconsciencia de las autoridades políticas negándose a ejercer sus funciones de servidores públicos y legislando contra los derechos humanos han traicionado la confianza abusando del poder que  les ha otorgado la ciudadana.

La organización convencional es insuficiente, fraudulenta e incapaz de paliar los errores del sistema y ha instigado el clamor social, cuidado y controlado por los líderes sociales que están evitando la subversión de la sociedad; gobernando la rabia, la desesperación y la angustia y canalizando las necesidades de las personas a los responsables con el único objetivo de que reflexionen, entiendan y apliquen el sentido común ante la indignación social por la anti moral establecida.

La crisis post-estatal instituida y motivada por la inoperancia, bloqueo y/o prevaricación de los gobernantes es irrumpida por los principios naturales de las personas. El  descrédito del sistema seudo democrático, (entramado político y empresarial influyente) y la inacción de los administradores ante las necesidades de las personas en emergencia social  han convertido las calles en hervideros donde manifestarse contra la injusticia.

Una nueva oleada de violencia legal amparada por un régimen absolutista que quisiera dejar fuera del sistema a los sufridores, traería consecuencias que conllevarían  una mayor crispación de estos, que impotentes ante las exigencias legítimas  originarían un cambio no reglado y peligroso.

Los gestores de la sociedad  deben preservar los derechos humanos e impedir el genocidio social protegiendo especialmente a los desfavorecidos. Si los gobernantes continúan eludiendo su  responsabilidad de reinstaurar la política comprometida con la sociedad, se incrementará el descrédito del gobierno y del mercado financiero, acercándonos a un estado bélico.