LORENZO ALONSO.
Si en la primera parte vimos cómo la corrupción política y la locura descentralizadora han minado las bases del Estado español, en esta segunda parte veremos cómo el desarrollo de ciertos comportamientos e instituciones (Unión Europea, empresas multinacionales, flujos de capital, nuevas tecnologías, jurisdicción) hacen que el Estado tenga cada vez menos poder e influencia social.
Cuando España se integró en la Unión Europea, el Estado tuvo que renunciar a muchos poderes genuinamente nacionales como la política monetaria (acuñación de moneda, tipos de interés, devaluaciones), la armonización fiscal, las normas industriales, gran parte de la política agraria y la política arancelaria. Desde ese momento ya no fue el único soberano en su territorio, pues los reglamentos y las directivas de esa organización comenzaron a tener más peso que sus propias leyes dentro del territorio nacional. Si a estas circunstancias, añadimos que la Unión Europea, al prestarle recursos financieros para reflotar el sistema financiero, le ha puesto duras condiciones y un estricto control a su empleo (1), concluiremos que aquella soberanía original es en la actualidad un recuerdo.
Las empresas multinacionales, que tienen sucursales en todo el mundo, solo están sujetas a los poderes del Estado en unas pocas facetas administrativas y fiscales, ya que las decisiones y las estrategias de aquéllas se elaboran lejos del territorio del Estado. Hoy día “se produce en un sitio, se consume en otro y se pagan impuestos, pocos, en otro” (2). Por eso, cuando el Estado decide cambiar alguna norma fiscal o laboral, que implica incremento de costes para las empresas, debe actuar con mucho cuidado para evitar que cierren las sucursales y levanten el vuelo (deslocalización). En algunos casos los presupuestos de estas empresas son mayores que los de muchos Estados donde realizan sus actividades.
Los flujos de capital a nivel internacional son tan grandes y tan rápidos que pueden hacer tambalear a cualquier Estado. Un desliz en una norma tributaria puede desencadenar una huida de capitales en pocos días. Las nuevas tecnologías de la comunicación (Internet, televisiones por satélite, móviles, etc.) facilitan el flujo de capitales y de noticias, de contratos y de ideologías de todo tipo, de comportamientos humanos y políticos. La jurisdicción del Estado no alcanza a todas las personas que desearía (inmigraciones, delincuencia y terrorismo internacional) ni tiene influencia en actuaciones que ocurran al lado de su frontera (3). Es muy difícil para el Estado regular sus flujos, sus actuaciones o sus opiniones. Puede que el Gobierno de turno decida no utilizar la energía nuclear, pero no puede impedir que el Estado vecino construya una central al lado, ni puede evitar que una catástrofe ecológica se extienda en su territorio.
(1): Cada cierto tiempo, como la semana pasada, se dan un paseo por España representantes del Banco Central Europeo, de La Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
