LORENZO ALONSO.
Las primeras páginas de la mayoría de los diarios (en papel y en internet) están repletas de ejemplos de corrupción política en muchos rincones de España: en la administración autonómica andaluza, en el núcleo de las finanzas del partido gobernante, en el interior y en el patio familiar de la casa del Rey, en las fundaciones ligadas a los partidos, en las ilustres familias del catalanismo y en múltiples entidades locales de variados colores políticos. Son síntomas de la debilidad de las instituciones políticas de España y por ende del mismo Estado.
La locura descentralizadora (como hemos demostrado un sinfín de veces) ha permitido que en algunas zonas de nuestro territorio hayan surgido culturas políticas paralelas con ansias de convertirse en Estado. A lo largo de estos años de oligarquía se han ido haciendo fuertes, hasta constituirse en verdaderos poderes políticos alternativos, aprovechando cualquier ocasión o cualquier despiste político. Han observado la necesidad de sus votos para gobernar el Estado (que desean destruir), la fragilidad de nuestra estructura económica, el desprestigio de los dirigentes del partido gobernante o la necesidad de pactos internacionales, para arrebatar parcelas de poder aparentemente inocentes. Son síntomas de una casta política en decadencia irreversible.
Por si fuera poco, algunos dirigentes políticos nacionales desean negociar con los rebeldes más descentralización para apaciguarles (en estos caso negociar es ceder) hasta convertir al actual Estado en un Estado Confederal y ser tratados como iguales, como deseaban los secesionistas en la guerra civil americana; o llegar a una situación política como la que existe en la Monarquía de Bélgica, con comunidades que viven separadas. Un síntoma de irresponsabilidad política.
Esta vorágine ha propiciado que los mandarines de Cataluña sueñen con romper España para que se encamine por el sendero de la antigua Yugoslavia (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Kosovo). Han escogido este momento para que el Parlamento regional de Cataluña declare que esta región es un sujeto político y jurídico soberano, una nación que aspira a tener un Estado. Se han jactado públicamente de iniciar el proceso de secesión de España. Otra imagen de la agonía de España como nación histórica.
Entre tanto los dirigentes del Estado atónitos, como unos bobalicones, sonados del golpe recibido, se quedan callados. No saben qué hacer en estas circunstancias, dicen que pedirán un informe a la Abogacía del Estado, como si fuese una simple ilegalidad en un expediente administrativo. Manifiestan que es una declaración retórica sin valor jurídico, cuando es un acto político gravísimo. No saben mostrar a los ciudadanos que existe una solución alternativa y pacífica de integración, como lo explicamos a diario en estas páginas: la alternativa democrática.
