JAVIER TORROX.
La impunidad del crimen anima a la comisión de nuevos crímenes. Si no hay certeza de castigo en el caso de ser descubierto, ¿por qué habría de renunciar el criminal a los beneficios que le reportan sus crímenes? Cuando -lejos de ser castigado- el crimen queda impune y el criminal recibe honores públicos, no es cosa de asombro que se delinca allí donde hay oportunidad para hacerlo.
Cospedal coge dineros ilegales de la mano de Bárcenas. Esto lo sabemos desde hace días. ¿Ha pasado algo? Nada. Ahí sigue Cospedal, de segunda de a bordo en uno de los buques corsarios expoliadores de ciudadanos del Estado y que es el PP; y de presidenta del subestado juancarlista de La Mancha.
Nadie dimite, nadie es procesado, nadie es acusado, nadie es condenado. Mientras tanto, quienes deberían dimitir, ser procesados, acusados y condenados mantienen cargos, dignidades y reciben honores públicos.
Los partidos estatales se dan a sí mismos todos los años más de 70 millones de euros obtenidos de lo que le retienen a usted de la nómina. Y aún así mantienen deudas millonarias por créditos impagados a los bancos. Los bancos perdonan estas deudas y los partidos estatales utilizan el Gobierno para indultar a banqueros estafadores convictos. Y aún tienen más recursos que poner al servicio del crimen. Si un juez tiene el atrevimiento de investigar, imputar o detener a alguno de los criminales protegidos por el Estado, el Gobierno envía a la Fiscalía -que para eso opera a sus órdenes- a ejercer la defensa (!!) de la persona procesada. El Gobierno ha convertido al Ministerio Fiscal en el Turno de Oficio de la corrupción. Y más recursos aún: se azuza a las audiencias provinciales -desde Zarzuela, Moncloa o San Telmo- para que, como una jauría de perros salvajes, los magistrados de la Audiencia le enseñen los dientes a los jueces instructures y les ordenan desimputar a los corruptos, como hemos visto recientemente con la princisa Cristina y la ex ministra Magdalena Álvarez. Banqueros, consejeros de administración de cajas de ahorros en quiebra tras recibir miles de millones de euros que aún habremos de pagar los ciudadanos, miembros de gobiernos, de partidos estatales, de sindicatos estatales, de la patronal estatal…, todos ellos presentes en listas: listas de partidos, de sindicatos, de patronales, de beneficiarios de la impunidad criminal del juancarlismo.
Sin castigo, se fortalece la repetición de conductas criminales. En lugar de trabajar para impedir el crimen, partidos y gobiernos se golpean el pecho con supuesta indignación porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha derogado lo que llaman “doctrina Parot” y que no es otra cosa que la aplicación arbitraria y retroactiva de legislación penal -cosa que está expresamente prohibida por esa Carta Otorgada que llaman Constitución (y que no es tal por razón de su génesis y de su contenido, como bien sabemos)-.
España ha sido cazada conculcando los Derechos Humanos. ¿Puede usted imaginar, amigo lector, una mayor vergüenza y oprobio que saberse ciudadano de un Estado que desprecia la Carta de Derechos Humanos? ¿Cómo se ha reaccionado? Con la convocatoria -apoyada por el Gobierno- de una manifestación contra los Derechos Humanos. Esta situación es muy similar a las manifestaciones de apoyo al dictador cuando el mundo entero condenaba las sentencias a muerte dictadas por el tardofranquismo. Aunque, claro, tampoco es que sea asombroso que los neofranquistas actúen como los franquistas.
La reivindicación de la llamada doctrina Parot por parte de los partidos estatales es todo un contrapunto jurídico: los que reclaman la anulación de los Derechos Humanos en España son los mismos que disfrutan de la impunidad de sus propios crímenes, cometidos con el aprovechamiento del desempeño de cargos en gobiernos, partidos, sindicatos, patronal.
Si el Estado pone todo su poder al servicio de la salvaguarda y protección de la impunidad de los criminales, ¿en qué situación nos deja este estado de cosas a los ciudadanos? El pusilánime te dirá, lector, que estamos inermes y que no hay nada que podamos hacer para desalojarlos del poder. Sin embargo, los ciudadanos disponemos de un arma más poderosa de lo que puedan imaginar los oligarcas del juancarlismo: nuestro no consentimiento.
