Tras cada proceso electoral se engrasa la máquina novatoria del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Invariablemente, el nuevo gobierno maquilla la transacción política con la cara amable de un nuevo “Pacto por la Justicia”
Y con la misma precisión de reloj, el Ministro de turno subrayará la necesidad de que los Colegios Profesionales implicados se involucren decididamente, recabando su activa participación.
La configuración de los Colegios de Abogados y Procuradores como Administración Corporativa facilita la sumisión de estos operadores jurídicos a la voluntad política, al acudir sus gerifaltes a la llamada ministerial a ver que pescan. La disposición política de fondos en materias tan importantes como la gestión de la Justicia Gratuita, y las promesas de fortalecimiento del control burocrático sobre los profesionales obligatoriamente integrados, sirven de elemento catalizador.
La última llamada a filas se saldó con la famosa Ley de Capacitación Profesional para el Ejercicio de las Profesiones de Abogado y Procurador, que regula el acceso a las mismas a través de un sistema de prácticas y créditos de postgrado obligatorio, rompiendo con el tradicional ejercicio libre desde la Licenciatura en Derecho. Hasta la referida Ley, la práctica capacitadora exigía del futuro Abogado o Procurador la dura pasantía o práctica apenas remunerada, con apoyo en las Escuelas de Práctica Jurídica dependientes de las Universidades, cuya voluntaria matriculación garantizaba el interés del futuro profesional.
Generaciones de ilustres Juristas, Abogados de fe y una procura eficaz se forjaron sin otro filtro que el vocacional en la exigencia de la profesión que eligieron, sometidos a la dura crítica del ejercicio diario. La sinecura del acceso controlado por el Colegio pone en sus manos un poder otorgado políticamente como burócratas del acceso y jueces de la capacitación profesional.
La homologación de cursos impartidos por centros de formación concertados con los Colegios, y la propia matriculación en los propios, ahora indispensable para poder ejercer, se unen a las prácticas puntuadas en macrodespachos reconocidos por la Ilustre Corporación. Los recursos colegiales se multiplican, y la integración en el consenso político-judicial se consuma.
