PEDRO M. GONZÁLEZ.
El consenso partidocrático refuerza la potencia estatal y por tanto es enemigo de la separación de poderes. Cada reforma, cada pacto de estado sobre la Justicia es para sojuzgarla con un nuevo eslabón en su cadena de dependencia. Tanto Caamaño como Ruiz Gallardón coinciden en su voluntad de sustraer a los Jueces de Instrucción la función investigadora de los delitos para atribuirla directamente a la Fiscalía. Ambos partidos estatales están de acuerdo en este punto. La discrepancia solo surge cuando el que está en el poder pretende ejecutar la medida. Una vez más el consenso, erigido en auténtica Razón de Estado, sacrifica el elemental principio constitucional de separación de poderes.
La atribución de la función instructora a los fiscales, que a día de hoy ya existe en el ámbito del enjuiciamiento penal de los menores, no supondría quiebra del principio de separación de poderes si la Fiscalía y la Judicatura integraran un cuerpo Judicial único e independiente de los restantes poderes como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por el contrario en España, al constituirse el Ministerio Público como una estructura jerárquica dependiente de un Fiscal General de Estado elegido directamente por el Gobierno, la independencia a la hora de perseguir, investigar y calificar conductas delictivas se pone directamente en manos de la clase política dirigente.
La jefatura en la investigación de todos los ilícitos penales se entregará gobierne quien gobierne a un comisario político elegido por el ejecutivo que, no puede ser de otra forma, se muestra siempre dócil y complaciente con quien le nombra. Los, Bermejo, Conde-Pumpido y los Cardenal decidirán sin filtro ni cortapisa judicial alguna qué delitos se investigarán y como se calificarán penalmente las conductas sociales. Tal escándalo merece una especial llamada de atención, porque la ciudadanía tiende a observar este tipo de cuestiones como problemas estrictamente técnicos cuando en realidad afectan de lleno a la existencia misma de la Justicia como bien deseado por todos.
Mientras Ruiz Gallardón, dueño de su turno en el mando, ratificaba y profundizaba en la medida propuesta por su predecesor en cargo y vez, el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por la que se adscribe al exministro de Interior D. José Antonio Alonso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. Así, el que fuera jefe de la policía volverá a juzgar en materia criminal. ¿Normalidad democrática?
