JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ARÉVALO.
Es correcto que los ciudadanos se propongan hacer oír su voz fuera de los rígidos procedimientos establecidos por la democracia formal, es decir, el ejercicio del derecho al sufragio. Pero el problema se presenta cuando esta democracia formal no existe. Y no existiendo, falla ya la precondición necesaria para hablar de “calidad” o “cultura” democráticas.
Los españoles no sabemos lo que es la democracia porque nunca la hemos tenido. La democracia formal se constituye por una serie de reglas para la disputa pública del poder entre facciones y no para, como es propio de un régimen oligocrático como el español, el secreto reparto del mismo. Varias son las condiciones que, según creo, definen un régimen democrático:
- Sufragio universal.
- Principio electivo en el Poder Ejecutivo: Deben ser los ciudadanos quienes, de forma directa y no por mediación del parlamento, elijan al presidente.
- Principio representativo en el Poder Legislativo, lo cual excluye la elección de diputados por medio de sistemas proporcionales de listas que lo único que consiguen es poblar las cámaras legislativas de diputados sujetos a las órdenes de la cúpula de su partido. En el caso de España ello entra en contradicción, además, con la prohibición del mandato imperativo en el artículo 67.2 de la Constitución Española.
- Independencia del Poder Judicial. No hablo aquí de la facultad de los jueces de dictar sentencia sin recibir presiones de otras instancias: no es esta circunstancia la que define la independencia del Poder Judicial. Para que esta independencia exista es preciso que la aplicación de la norma máxima, ubicada en la cúspide jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución, no esté reservada a un tribunal especial en cuya composición los partidos políticos tienen un peso decisivo. Este Tribunal, huelga decirlo, es el Tribunal Constitucional: el que impide que un juez de primera instancia esté facultado para aplicar directamente la Constitución, como si puede hacerlo en los Estados Unidos de América. Aquí no puede hacerlo porque esa suprema facultad le ha sido despojada por los partidos políticos, que la han depositado en un tribunal nombrado por ellos.
Las tres últimas condiciones no se cumplen en España. No habiendo democracia formal podemos pelearnos por una mayor “calidad” o “cultura” democrática, pero nos estrellaremos siempre en la misma pared. No puede haber cultura democrática donde no ha habido democracia. Los españoles llevamos viviendo, desde la muerte de Franco, en un régimen de libertades civiles otorgadas y libertad política secuestrada por los partidos, mediante las oscuras transacciones del consenso en las que cristalizó ese proceso que aquí llamamos Transición, y que pesa como una losa sobre nuestras posibilidades de hacer un país mejor.
